EL INÚTIL ESTADO DE ALARMA, O EL ESTADO DE ALARMA DE LOS INÚTILES

 

“pretendiendo salvar vidas sin perjudicar a la economía, han conseguido destruir la economía sin salvar vidas”

Autor: Arturo Estábanez

Hace unos meses denunciábamos "la defunción del Régimen de 1978" cuando el Gobierno de Coalición PSOE-PODEMOS obtenía del Congreso de los Diputados la prórroga del "Estado de Alarma" decretado por el Real Decreto 926/202 de 25 de octubre hasta el 9 de mayo de 2021, porque entendíamos, y entendemos, que conforme a la vigente legalidad constitucional, tal estado, no podía durar más de quince días prorrogables sucesivamente por periodos quincenales, previa autorización del Congreso de los Diputados debiendo estar constantemente sometido al control del parlamento; todo ello conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de Junio reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio. Además, esta medida de prorrogarlo quincenalmente resulta de lo más lógica considerando que estando previsto el "estado de alarma" para circunstancias excepcionales, tales circunstancias siempre son cambiantes y ello conlleva a que el contenido del estado de alarma pueda ser también cambiante y flexible.

Pasados casi tres meses desde que se instaurase el "estado de alarma" el 25 de octubre de 2020, el Gobierno no solo no ha acudido en ningún momento al Parlamento a rendir cuentas de la gestión del mismo, privando al Congreso de los Diputados, al parecer con cierta complacencia de éste por su pasividad, de su función legal de control y evolución del estado de alarma, sino que además ha delegado su aplicación en las Comunidades Autónomas lo cual es manifiestamente ilegal ya que conforme el artículo 7 de la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de Junio "A los efectos del estado de alarma la Autoridad competente será el Gobierno o, por delegación de éste, el Presidente de la Comunidad Autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad"; como el estado de alarma decretado el 25 de Octubre de 2020 alcanza a todo el territorio nacional la única autoridad para aplicar el mismo es el gobierno, no cabiendo su delegación en los presidentes autonómicos.

Dejando a un lado la legalidad o ilegalidad del vigente estado de alarma y la cuestión de si las medidas restrictivas del derecho de reunión que se están adoptando puedan tener cabida en él, o solamente en los estados de excepción o sitio, lo que a estas alturas deberíamos plantearnos es si este estado de alarma está dando resultados positivos o no.

Si el objetivo del Estado de Alarma cuando se prorrogó su vigencia, el 29 de octubre pasado, era evitar la expansión de la pandemia y doblar la curva de contagios cuya tasa de incidencia acumulada a catorce días se encontraba ese mismo día en 468 casos por cada cien mil habitantes, resulta evidente que no se ha logrado pues, a fecha 14 de enero de 2021, nos encontramos con una tasa de incidencia acumulada a catorce días de 482 casos por cada cien mil habitantes, es decir, mayor a la existente en el momento de decretarse el estado de alarma. Así pues, las medidas adoptadas, que han consistido en limitar la circulación de los ciudadanos a determinadas horas del día y en un supuesto cierre perimetral de determinados municipios y Comunidades Autónomas, no han dado el resultado deseado por lo que el estado de alarma se está revelando como una incomodidad inútil, máxime cuando en cada Comunidad Autónoma las medidas que se adoptan son diferentes y constantemente cambiantes lo que produce desconcierto e inseguridad jurídica entre la población.

Por otra parte, resulta extremadamente raro, y absolutamente incomprensible, que en el mes de marzo de 2020 se decretase un confinamiento total de la población en sus casas, cuando la incidencia acumulada el día 20 de marzo de 2020, cuatro días después de acordarse dicho confinamiento, era de 62 casos por cada cien mil habitante, mientras que a fecha 31 de diciembre de 2020, dos meses más tarde de decretarse el actual estado de alarma, la incidencia acumulada alcanzaba los 236 casos por cada cien mil habitantes, llegando a ser la citada tasa acumulada el día 18 de enero de 2021 la de 689 casos por cada cien mil habitantes.

Con estos datos surge la gran cuestión del por qué se decretó el confinamiento total de la población en marzo del año pasado, y no se hace ahora a pesar de haber sido solicitado por varios presidentes autonómicos y por varias autoridades científicas y médicas, máxime cuando un confinamiento breve, de un mes como máximo, acompañado de un incremento de la vacunación podría dar excelentes resultados en la batalla por salvar vidas, afectando muy poco a la economía pues ésta ya fue prácticamente destruida en el confinamiento de marzo a junio del año pasado, y sigue siendo dañada con las medidas restrictivas que imponen determinadas autonomías y que, como indican los datos de contagios, no están dando los resultados supuestamente deseados.

El confinamiento domiciliario es una medida drástica, molesta y que hace poca o ninguna gracia a los ciudadanos; es decir, es una medida impopular que evidentemente no quiere tomar el gobierno por las consecuencias políticas que la misma podría generarle en unas futuras elecciones por lo que ha desertado de su autoridad y de sus obligaciones traspasando el problema a unas Comunidades Autónomas que solo pueden tomar medidas dentro de los estrechos márgenes que marca el Real Decreto 926/202 de 25 de octubre, que en ningún caso comprende el confinamiento total en domicilio y, de hecho, ni siquiera pueden limitar la libre circulación de las personas fuera de los márgenes horarios establecidos en el Real Decreto y que va de las 23.00 a las 7.00 horas.

El actual estado de alarma, tan solo obedece a una operación de ilusionismo político con la que se pretende hacer creer a la población que se está haciendo algo por salvar vidas cuando realmente no se está haciendo. Algunos podrán argumentar que lo que se está intentando hacer es salvar vidas sin perjudicar demasiado la economía, pero lo cierto es que la economía ya resultó dañada gravemente en el confinamiento de marzo a junio pasado y, en el caso de algunos importantes sectores económicos, continúa siendo gravemente perjudicada con las limitaciones horarias y de aforos por lo que solo se puede concluir que, dada la situación real, el actual estado de alarma está resultando ser inútil… o que está ideado y gestionado por unos inútiles que, pretendiendo salvar vidas sin perjudicar a la economía, han conseguido destruir la economía sin salvar vidas.

EN MEMÒRIA D’UN VETERÀ MILITANT CARLISTA DE NULES: MIQUEL MONFORT

El 23 d’octubre de 2012 li vaig fer una entrevista a Miquel Monfort Carratalà per tal de deixar constància a l’arxiu del Grup d’Història Local i Fons Orals de la UJI, de la seua llarga vida. L’entrevista la vaig realitzar a sa casa de Nules, quan contava 90 anys i ja en feia alguns més que patia una ceguera quasi total. Vivia amb la seua dona, Vicentica i una de les seues filles.

El passat 18 de gener ja molt tard, per whatsapp, em vaig assabentar per mitjà d’un vell amic comú, Vicent Goterris, que havia mort. Al dia següent vaig poder parlar amb la seua filla, Mari, que me va confirmar la mort de son pare produïda a sa casa. Mantenia perfectes les seues facultats mentals, potser per això, li va afectar tant la recent mort de la seua dona, el passat 9 de setembre, quan contava 91 anys.

Miquel, tot i la seua humilitat, no era una persona qualsevol. Era vell militant antifranquista que va representar al Partit Carlista del País Valencià (PCV) en els organismes unitaris d’oposició a les comarques del Nord del nostre país. Era, per tant, persona vinculada al carlisme que va evolucionar cap al socialisme autogestionari en companyia dels seus caps Xavier i Carles Hug de Borbó Parma, la dirigent valenciana Laura Pastor, i la major part de la militància més activa del carlisme valencià.

Miquel havia nascut el 1923 a Nules, al si d’una família llauradora. Als dos anys d’edat va patir la polio, una malaltia que el va deixar coix de per vida, cosa que li va impedir certes activitats. Potser per això, de menut, li agradava molt conversar amb el vells del poble dels que escoltava histories viscudes. Pocs anys més tard, el 1936, es va quedar orfe de pare. Era gran aficionat a la lectura, però no va poder estudiar com hagués sigut el seu desig. D’adolescent va patir la guerra i la devastació total del seu poble que va quedar entre dos fronts en l’anomenada Batalla de València. En aquesta circumstància es va veure obligat amb sa mare i iaios a fugir refugiats, i van fer cap a Rafelbunyol, on recordava que van passar molta fam. Es va casar el 1956 amb Vicentica, una jove que coneixia de l’Acció Catòlica, organització a la que estava també vinculat degut a la seua sincera religiositat que també va marcar la seua vida.  

Acabada la guerra, amb 16 anys es va posar a treballar en la Caixa Rural, on, en temps de dictadura, els seus companys el van elegir enllaç sindical, bolcant-se en la consecució de millores per al sector. Després es trobaria entre els primers treballadors de Nules, compromesos amb Comissions Obreres, abans de la seua legalització.

Com a militant carlista, ell i la seua família, dona i filles, van participar en diverses activitats polítiques i socials de l’època dictatorial. Va viure amb tristesa l’expulsió i exili de les Espanyes de la família Borbó Parma, que va continuar en contacte amb la militància de l’ interior. També va formar part de la delegació de compromissaris als anomenats Congressos del Poble Carlista, realitzats a Arbonne (França) -on hi eren els Borbó Parma-, entre 1970 i 1971, en plena clandestinitat. El 1976 va ser testimoni dels fets de Montejurra on l’extrema dreta va assassinar a dos carlistes.

Uns mesos més tard, el seu nom va aparèixer en uns pasquins que, abans de la legalització del Partit Carlista, ja anunciaven la presentació al seu poble natal. Aquest fet, de sobtada eixida de la clandestinitat, li va suposar rebre una amenaça per part de l’empresa on treballava perquè la directiva qüestionava la seua militància en un partit d’esquerres.

Acabada la dictadura i després de l’anomenada transició democràtica, mai va deixar de militar en el Partit Carlista i de mantenir les seues conviccions polítiques, religioses i socials. Descanse en Pau, Miquel Monfort.

 

Josep Miralles Climent  (Doctor en Història - Cercle Valencià d’Estudis Carlistes) 

 

 

EN MEMORIA DE UN VETERANO MILITANTE CARLISTA DE NULES: MIQUEL MONFORT

El 23 de octubre de 2012 le hice una entrevista a Miquel Monfort Carratalá para dejar constancia en el archivo del Grup d’Història Local y Fons Orals de la UJI, de su larga vida. La entrevista la realicé en su casa de Nules, cuando contaba 90 años y ya hacía algunos más que sufría una ceguera casi total. Vivía con su mujer, Vicentica y una de sus hijas.

El pasado 18 de enero ya muy tarde, por whatsapp, me enteré por medio de un viejo amigo común, Vicent Goterris, que había muerto. Al día siguiente pude hablar con su hija, Mari, que me confirmó la muerte de su padre producida en su casa. Mantenía perfectas sus facultades mentales, tal vez por eso, le afectó tanto la reciente muerte de su mujer el pasado 9 de septiembre, cuando contaba 91 años.

Miguel, a pesar de su humildad, no era una persona cualquiera. Era viejo militante antifranquista que representó al Partit Carlista del País Valencià (PCV) en los organismos unitarios de oposición en las comarcas del norte de nuestro país. Era, por tanto, persona vinculada al carlismo que evolucionó hacia el socialismo autogestionario en compañía de Don Javier y Carlos Hugo de Borbón Parma, la dirigente valenciana Laura Pastor, y la mayor parte de la militancia más activa del carlismo valenciano.

Miguel había nacido en 1923 en Nules, en el seno de una familia de labradores. A los dos años de edad sufrió la polio, una enfermedad que lo dejó cojo de por vida, lo que le impidió ciertas actividades. Quizá por eso, cuando niño, le gustaba mucho conversar con los viejos del pueblo de los que escuchaba historias vividas. Pocos años más tarde, en 1936, se quedó huérfano de padre. Era gran aficionado a la lectura, pero no pudo estudiar como hubiera sido su deseo. De adolescente sufrió la guerra y la devastación total de su pueblo que quedó entre dos frentes en la llamada Batalla de Valencia. En esta circunstancia se vio obligado con su madre y abuelos a huir refugiados, y lo hicieron hacia Rafelbunyol, donde recordaba que pasaron mucha hambre. Se casó en 1956 con Vicentica, una joven que conocía de la Acción Católica, organización a la que estaba también vinculado debido a su sincera religiosidad que también marcó su vida.

Terminada la guerra, con 16 años se puso a trabajar en la Caja Rural, donde, en tiempos de dictadura, sus compañeros lo eligieron enlace sindical, volcándose en la consecución de mejoras para el sector. Después se encontraría entre los primeros trabajadores de Nules, comprometidos con Comisiones Obreras, antes de su legalización.

Como militante carlista, él y su familia, mujer e hijas, participaron en diversas actividades políticas y sociales de la época dictatorial. Vivió con tristeza la expulsión y exilio de las Españas de la familia Borbón Parma, que se mantuvieron en contacto con la militancia interior. También formó parte de la delegación de compromisarios en los llamados Congresos del Pueblo Carlista, realizados en Arbonne (Francia) -donde estaban los Borbón Parma-, entre 1970 y 1971, en plena clandestinidad. El 1976 fue testigo de los hechos de Montejurra donde la extrema derecha asesinó a dos carlistas.

Unos meses más tarde, su nombre apareció en unos pasquines que, antes de la legalización del Partido Carlista, ya anunciaban la presentación en su pueblo natal. Este hecho, de súbita salida de la clandestinidad, le supuso recibir una amenaza por parte de la empresa donde trabajaba porque la directiva cuestionaba su militancia en un partido de izquierdas.

Terminada la dictadura y después de la llamada transición democrática, nunca dejó de militar en el Partido Carlista y de mantener sus convicciones políticas, religiosas y sociales. Descanse en Paz, Miquel Monfort.

 

Josep Miralles Climent (Doctor en Historia - Círculo Valenciano de Estudios Carlistas)

LA LEY DE “LA CORONA”

 Autor: Arturo Estébanez

 

Hace unas pocas semanas el Vice- Presidente tercero del Gobierno de España, Pablo Iglesias, anunció que solicitaría al Gobierno del que forma parte que elaborara una "Ley de la Corona" con no se sabe qué finalidad y hace unos pocos días el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó a los medios de comunicación que se encontraba en negociaciones con la casa del jefe del Estado para la redacción de una "Ley" que regule la institución de la jefatura del estado y que, teóricamente, "la haga más transparente y moderna". No cabe la más mínima duda de que la redacción que a dicha hipotética "Ley" daría Pablo Iglesias sería muy diferente a la que daría el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pues mientras uno pretendería vaciar la institución de contenido reforzando la Presidencia del Consejo de Ministros, el otro pretenderá reforzarla de alguna manera siendo ambas redacciones extremadamente peligrosas porque podrían falsear aún más el contenido de la Constitución de 1978.

Ahora bien, este debate sobre una posible "Ley de la Corona", que ya se suscitó entre algunos juristas a mediados de los años noventa del siglo pasado, plantea un gravísimo problema de fondo en el que posiblemente el Gobierno, o al menos la parte del gobierno que representa el señor Sánchez, no ha caído y que no es otro que: ¿Cual es la Ley que rige la Sucesión a la Corona española?.

En una forma de estado monárquica, siendo la monarquía, como es, una institución siempre anterior al llamado "Derecho Nuevo" que surge tras la Revolución Francesa; la "Ley de Sucesión a la Corona" o bien forma parte de las modernas constituciones de los estados o bien se incorpora a las mismas de alguna forma, pero en ningún caso se desarrolla a partir de un texto constitucional que es siempre posterior a la institución monárquica. Tal es el caso, por ejemplo, del Reino Unido de la Gran Bretaña, pero de ningún modo es el caso del Estado Español como demuestra el hecho mismo de que se pretenda hacer ahora una "Ley de la Corona" (1).

En realidad, lo que pretende el gobierno que preside Pedro Sánchez es, cuarenta y dos años después de aprobarse la Constitución de 1978, considerar inexistente la histórica "Ley de Sucesión a la Corona" que es anterior al actual texto constitucional en más de dos siglos y elaborar una nueva "Ley de Sucesión a la Corona" lo cual abre una polémica jurídico-política de primer orden y genera más problemas que los que se puede pretender solucionar.

La polémica viene servida porque la figura de la Corona está regulada en el Título II de la Constitución de 1978, la cual dedica dos artículos, el 56 y el 57, a justificar, no ya a la institución monárquica, sino concretamente a la persona que la encarna, en aquel entonces Juan Carlos de Borbón, reconociendo tácitamente que dicha persona es jefe del Estado en virtud de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 27 de julio de 1947 y a su designación directa por Francisco Franco Bahamonde ante las Cortes Españolas, el 30 de julio de 1969. No obstante, en un claro intento de hacer creer que lejos de estar ante una "Instauración" de la monarquía, se estaba ante una "Restauración", se pretendió vincular a Juan Carlos de Borbón con la dinastía histórica al decir expresamente el artículo 57.1 de la Constitución "La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica" (2).

La redacción de este artículo 57.1 de la Constitución de 1978 es un verdadero malabarismo lingüístico-jurídico que pretendiendo hacer huir del fuego a la monarquía encarnada en la persona de Juan Carlos de Borbón la hace caer en las brasas porque al negar lo que es, una Dinastía sentada en el trono por la exclusiva y soberana voluntad del general Franco (por lo que bien podría calificarse de dinastía franquista), la intenta confirmar como la "dinastía histórica" que no puede ser.

Para que Juan Carlos de Borbón fuera realmente el "legítimo heredero de la dinastía histórica", tal y como dice el texto constitucional, debería ofrecer en su persona una continuidad histórica con el escrupuloso cumplimiento de la "Ley de Sucesión a la Corona" decretada por Carlos III, la cual fue gravemente vulnerada en dos ocasiones: La primera en 1832, con los llamados "acontecimientos de la Granja" en virtud de los cuales se privó ilegalmente de sus legítimos derechos al trono a Don Carlos María Isidro de Borbón (Carlos V) haciendo recaer la corona en su sobrina, la infanta Isabel (Isabel II) y sus descendientes; y, la segunda, el 22 de noviembre de 1975, cuando el propio Juan Carlos de Borbón accedió al trono saltándose el orden sucesorio impuesto desde esa primera vulneración de la "Ley de Sucesión a la Corona" y desplazando a su padre, Juan de Borbón y Battemberg (3).

Por su parte, el problema fundamental que planea la supuesta "Ley de la Corona" se encuentra en ¿Como sería esa ley?.

Evidentemente ha de tratarse de una Ley Orgánica que desarrolle y/o puntualice el Título II de la Constitución, pero en ningún caso podrá alterar o modificar lo directamente regulado en el texto constitucional. Es decir, dicha ley no podrá suprimir el privilegio de la Jefatura del Estado a la inviolabilidad ni alterar el orden sucesorio establecido en la Constitución por lo que dicha hipotética ley no aportara nada en cuanto a solucionar las más controvertidas cuestiones sobre la institución de la Jefatura del Estado alejándola además de la, hasta ahora mantenida, teoría de la "Restauración Monárquica" para acercarla más claramente a la figura de "la Instauración dinástico-franquista", al hacer pensar a muchos ciudadanos que, más que ante una monarquía, nos encontramos, simplemente, ante una forma de estado que tiene la peculiaridad de que la Jefatura del Estado es vitalicia y hereditaria adoptando el Jefe del Estado el título de "Rey" como podría adoptar cualquier otro, como el de "Regente" o el de "Caudillo".

(1) La "Ley de Sucesión a la Corona", como cualquier ley, puede modificarse siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos y previstos para su reforma o modificación.

(2) Curiosamente la Constitución de 1978 es la única Constitución Española que menciona expresamente a quién debe ser el titular de la Jefatura del Estado, como si la persona estuviera por encima de la institución y fuera más importante que ésta.

(3) No se puede alegar que la abdicación de Juan de Borbón, el 14 de mayo de 1977, subsana el defecto porque, en primer lugar es posterior a la proclamación como Rey de Juan Carlos de Borbón por las Cortes Franquistas el 22 de noviembre de 1975 y, en segundo lugar, porque al saltarse el orden sucesorio lo que realmente hubo fue una usurpación y conforme a la "Ley de Sucesión a la Corona" de Carlos III, aquel que usurpare el trono pierde todo derecho al mismo por lo que Juan de Borbón no podía abdicar sus presuntos derechos en su hijo Juan Carlos.

¿QUIÉN ES POLÍTICO?

            Autor: Pedro Zabala

Conviene formular la cuestión en interrogante, pues frecuentemente tenemos una visión reduccionista de lo que significa ser político. Solemos atribuir esta condición a quien ocupa un cargo público o al menos milita dentro de un partido político. Para la mayoría, el único acto con intención política que realizan es al depositar su voto en la urna cuando son llamados a votar en esta democracia formal de que ahora disfrutamos.

Y si queremos hilar más fino, incluso tendríamos que preguntar cuáles son las motivaciones que tienen muchos, tanto para votar como para el sentido de su voto. ¿Rutina?.¿Miedo?. ¿Fidelidad a una marca política?. ¿Repudio del rival o rivales?. ¿Se votan líderes o programas?. ¿En cuántas ocasiones se ejerce ese derecho pensando racionalmente en el bien común y no en intereses particulares clientelares o en pura emocionalidad?.

La verdad es que queramos o no y aunque nos disguste todos somos políticos. El pasotismo no deja de ser una opción. Y toda nuestra vida pública o privada, consciente o rutinaria, está entretejida de decisiones políticas. Diríamos que hasta el respirar, pues podemos ser sujetos pasivos que consumen aire viciado por la contaminación, que consentimos con nuestros silencio o agravamos con nuestro comportamiento irresponsable. Ir en coche particular, en vehículo público, en bici o andando es una decisión política. Y la misma compra, lo que guardamos y atesoramos, refleja nuestra aceptación o no del sistema. Donde guardamos nuestros ahorros o los invertimos, sean muchos o pocos, es una decisión que sumada a las de los demás tiene consecuencias de índole político incalculables. Claro, el sistema educativo y los medios de comunicación a su servicio tienen buen cuidado en que nos pase inadvertido.

Por eso todos somos políticos, con ideología clara o confusa, con ostentación o sin ella. Quienes se declaren apolíticos, ya manifiestan con ello su inclinación conservadora, favorecen el mantenimiento del statu quo. Algunos, como yo, juegan con el lenguaje y se presentan como impolíticos; o sea no niegan su condición política, pero se consideran inclasificables por las etiquetas habituales y reclaman su derecho a pensar críticamente y a no someterse a las trágalas de la disciplina de un partido. Han visto y vivido demasiadas mentiras y demagogias, advierten los pies de barro de quienes se presentan por la publicidad como gigantes a los que hay que admirar y aplaudir. Se indignan y se muerden los puños desconfiados ante esta farsa partidista y el papanatismo de quien les corean. Han de resistir la tentación de dejar de soñar con mundo más justo y fraterno y luchar por él, aunque no lleguen a verlo sus ojos.

No dejan de haber personas que ejercen esa caridad social que es el servicio a los demás en el desempeño de un puesto político. En realidad, todos alguna vez en la vida debiéramos, si podemos, realizar esa función al menos en el área más próxima a nuestro entorno. No para aprovecharnos del cargo, sino para servir a los demás, especialmente a los más desfavorecidos. Todos hemos conocido, de cerca o de lejos, a alguna persona con esas características. Son un ejemplo vivo y admirable de lo que debiera ser el ejercicio de la función política. Tanto cuando lo desempeñan, como cuando al cesar en él vuelven serenamente a su vida anterior.

Desgraciadamente la fauna política está compuesta de otros personajes. Quizá empezaron llevados de las más nobles ilusiones que fueron abandonando en el camino, llevados de la pasión libidinosa del poder o sucumbiendo a las tentaciones ofrecidas por los poderosos económicos. Son los males de la partitocracia dominante en la mayoría de las raquíticas democracias. Los correcciones previstas para esos abusos en algunos países hasta llegan a funcionar.

¿Cómo se podría tratar de evitar la concurrencia de estas perversidades antidemocráticas?:
*Unas leyes electorales más justas, con listas abiertas en las que dependencia de los elegidos lo fueran más de los votantes que de los partidos.
*La obligación de los cargos políticos de presentar declaración de sus bienes y de los de su familia, tanto al iniciar como al concluir su mandato.
*Procedimientos abiertos a los electores para incoar la destitución de los elegidos por incumplimiento de su programa electoral.
*Democracia interna dentro de los partidos, que evite el control de los mismos por el aparato,
*Prohibición de las puertas giratorias entre cargos políticos y grandes empresas.
*Limitación temporal en el desempeño de un cargo público, como máximo dos legislaturas.
*Medios públicos de comunicación, controlados desde la sociedad y no desde el poder.
*Supresión del privilegio de aforamiento para todos los cargos políticos. Si delinquen que respondan ante la justicia, lo mismo que el resto de los ciudadanos.
*Acabar con la intervención de los partidos en la designación de la jerarquía del poder judicial, para garantizar su independencia.

Pero, ¿los partidos que se benefician del actual sistema de poder, cuyo control de las Cámaras legislativas pone en sus manos la adopción de estas reformas legislativas, lo harán?. ¿Seguiremos los ciudadanos abdicando de nuestra responsabilidad política y aceptaremos sumisamente la supervivencia de la actual situación?.

PEDRO Y PABLO: PREHISTÓRICOS, APÓSTOLES, POLÍTICOS…

 Autor: Arturo Estébanez

Dadas las circunstancias, tristes y dramáticas, en las que despedimos el año anterior y en las que comenzamos el actual, qué menos que empezarlo con algún sentido del humor, cuando - en este país que, cual empresa mercantil, parece ser ante todo y sobre todo una marca comercial- lo absurdo, cómico, ridículo y esperpéntico constituye la auténtica identidad de la verdadera "Marca España".

Como todos saben sobradamente el actual Gobierno de España es el primer gobierno de coalición del régimen surgido de la Transición y de la Constitución de 1978, y está presidido por Pedro Sánchez y, secundariamente, vice presidido por Pablo Iglesias, lo cual generó desde sus inicios en este país de chirigota el chiste fácil, promovido por los grupos de la oposición, de referirse a él como "el gobierno de Pedro y Pablo" o "el gobierno Picapiedra", en unas claras alusiones a una conocida serie cómica de dibujos animados creados en los años sesenta del siglo pasado por Hanna-Barberá, que hizo las delicias de los más pequeños de la casa y que tenía por protagonistas masculinos a Pedro Picapiedra y a Pablo Mármol .

En atención a las no pocas estrambóticas manifestaciones públicas con las que los distintos miembros del gobierno iniciaron su andadura política, la graciosa ocurrencia no tenía más que la evidente intención de atacar de alguna forma al gobierno de coalición PSOE-PODEMOS. Pero claro, los creadores de la carnavalada, lejos de tener la agudeza intelectual de ver la estrecha vinculación que la piedra y el mármol guardan con las iglesias no cayeron tampoco en que Pedro y Pablo, además de ser el nombre de los protagonistas de los Picapiedra, también es el nombre de dos Apóstoles que hoy se veneran como santos en los altares.

Y es que desde los inicios de la actividad del actual gobierno ha habido algo que instaba a la gracia y al chiste. La enorme, más aun ciclópea, estupidez de sus oponentes ha sacado a Pedro y Pablo del dibujo cómico para convertirlos en apóstoles que, realizando milagros, alcanzarán, si es que no han alcanzado ya, la condición de Santos.

Como todo el mundo sabe en el proceso de canonización que lleva a un ser humano a ser proclamado santo, se requiere que éste haya realizado, al menos, dos milagros. Pues bien, al gobierno de Pedro y Pablo no se le puede negar que ha realizado los dos prodigiosos milagrosos exigidos.

El primero de estos milagros es que el gobierno ha conseguido que un militar implicado en la fracasada charlotada del 23-F, el comandante Pardo Zancada, y un alto directivo de la Fundación Nacional Francisco Franco, el general Juan Chicharro, (1) hayan firmado un manifiesto (2) que, a pesar de la clara intención de posicionarse virulentamente en contra del gobierno, no deja de apelar a la Constitución (legalidad vigente), a las libertades y a la democracia. Es decir, cuarenta años después los franquistas y golpistas se convierten en demócratas, defienden la Constitución y se apoyan en las libertades que ésta consagra. Si la conversión de los golpistas no es un milagro del actual gobierno, se le parece demasiado, salvo que sea una incoherencia de las luminarias firmantes de tan elevado y erudito manifiesto.

El segundo milagro que definitivamente lleva a los altares de la santidad a Pedro y a Pablo, es el hecho de que en un foro o chat de militares españoles se haya difundido, mostrando cierto apoyo, la solicitud realizada al actual Presidente norteamericano, Donald Trump, para que ordene al ejército estadounidense intervenir militarmente en España con el fin de terminar con el "Gobierno ilegal" y "proporcione los medios para una transición segura a un nuevo sistema de Gobierno que honre la voluntad del Pueblo Soberano de España" (3). No vamos a entrar en la observación de que esa petición, que hecha por cualquier ciudadano español sería un delito de traición de manual, sino que vamos a centrarnos en los aspectos tragicómicos del tema.

El aspecto trágico se encuentra en que, si un grupo de chat o un foro integrado por militares españoles, se hace eco de tal petición será porque se estará conforme con la misma y por tanto demuestran ser tan miserables y canallas, que no solo se alinean con los que les vapulearon hacen ciento veintidos años en Cuba, Filipinas, Puerto Rico y en la Isla de Guam. Y, además, demuestran la misma calidad moral y profesional de ese almirante Cervera que, tras perder su flota en Santiago de Cuba, brindaba en su cautiverio de Annapolis con Champagne francés (porque supongo que no sería cava catalán) "a la salud de la República Norteamericana" mientras sus vencidos marineros eran asesinados a sangre fría por los estadounidenses en la cubierta del USS Harvard.

Por su parte, lo cómico, que no anda muy lejos de lo anteriormente expuesto, se encuentra en que gracias al gobierno de Pedro y Pablo los militares patriotas, tan españoles ellos, con tal petición, se alinean, emulan y plagian a Sabino Arana, padre del nacionalismo vasco, quien en 1898 remitió un telegrama al Presidente Norteamericano, William McKinley, solicitando que el ejército norteamericano no se detuviera en Cuba e interviniera directamente en España para "liberar a los vascos". En fin, ¡Vivir para ver! y «Cosas veredes, Sancho, que farán fablar las piedras».

Considerando lo expuesto, los milagros quedan demostrados con un purismo lógico inatacable, por lo que lo único que resta es patrocinar inmediatamente ante la Santa Sede la apertura de expediente de Canonización de nuestros hispánicos Pedro y Pablo, lo cual no solo sería acorde con cierta naturaleza pontifical de ambos personajes sino que, además, continuaría el ibérico esperpento al acercarlos a figuras tan queridas para ellos como Isabel la Católica, Cristóbal Colón e, incluso, al propio Francisco Franco, que alguno llegó a solicitar elevarlo a los altares.

De todas formas, si la santidad canónica no la alcanzan Pedro y Pablo, que tampoco se preocupen mucho pues, como decía Santo Tomás: "Santos hay venerados en los altares que están ardiendo en los infiernos".

(1) https://elpais.com/espana/2020-12-06/golpistas-un-candidato-de-vox-y-un-nieto-de-franco-firman-el-manifiesto-militar-contra-el-gobierno.html

(2) https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/12/03/militares_retirados_prometen_entregar_vida_nombre_espana_del_rey_una_nueva_carta_monarca_114027_1012.html

(3) https://www.publico.es/politica/chat-militares-comparte-peticion-trump.html

FELIPE DE BORBON NUNCA DEFRAUDA… AL RÉGIMEN DE LA TRANSICIÓN

 

Autor: Josep M. Sabater

El mensaje navideño de Felipe de Borbón ha despertado este año más morbo que interés. El ciudadano medio, como es habitual, ya daba por descontada la retórica hueca, la altivez impostada, el ritual pretencioso y la puesta en escena “kitsch” y hortera. La “porra” consensuada socialmente era: ¿hablará de su padre? y, ¿en qué términos? Y el jefe del Estado abordó la situación política y jurídica del emérito pasando sobre ascuas, soltando tinta como un calamar acorralado, y fingiendo que el problema no va con él: “los principios morales y éticos están por encima de cualquier consideración, incluso de las personales y familiares”. Es todo cuanto dijo. Declaración a la cual hay que darle el mismo valor y credibilidad que cuando su padre, “el rey huido”, afirmaba que la “justicia es igual para todos”. Ninguna.

Un periodista como Iñaki Gabilondo, ecuánime, formal y ponderado, y desde un medio de inquebrantable adhesión legalista -el diario “el país”-afirmaba el mismo día 24, refiriéndose a la monarquía vigente, “le digan lo que le digan sus palmeros la institución está tocada”. Y tanto que está tocada: comienza a hacer agua. Y el “emérito” es solo la punta del iceberg de los problemas de la Zarzuela.

La imagen icónica del régimen del 78, el jefe del Estado “a título de rey”, cada vez que comparece ante la opinión pública se aleja imparablemente de una gran parte de la ciudadanía. La brecha no hace más que crecer. Y lo que es peor, su presencia y sus actuaciones polarizan a la sociedad española y la conduce a enfrentamientos y bandosidades cada vez más irreconciliables. El consenso democrático está seriamente dañado. En nombre del “pacto constitucional” y de los “valores democráticos”, con una lectura estrecha y sesgada de la legalidad, no solo se margina a millones de españoles, además, se les culpabiliza y condena como enemigos de la convivencia. No hay diálogo posible.

Si tras el discurso del 3 de octubre de 2018 Felipe de Borbón ya se enfrentó, y estigmatizó, a millones de catalanes -ciudadanos españoles, no lo olvidemos-, dos años después continua su imparable carrera hacía el sectarismo: todos los partidos de las Españas históricas, tanto los que abogan por la secesión como los que proponen fórmulas ampliamente federativas, cuestionan la monarquía franquista. Una parte significativa de la izquierda, con la actuación de don Felipe, también se ve impelida a alejarse de la Zarzuela. Y aunque no hay estudios sociológicos concluyentes -el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) considera irrelevante preguntar sobre la aceptación de la monarquía- está bastante aceptado que los jóvenes españoles consideran a la monarquía vigente una institución obsoleta e inútil. No es solo pasotismo, también beligerancia.

Los “palmeros” institucionales de don Felipe son el PP, VOX y Ciudadanos, unidos por la lealtad monárquica incondicional e inquebrantable. Franquismo sociológico reconvertido. También se suman al coro de apuntalamiento una parte significativa del aparato judicial, que se está convirtiendo en un poder alternativo a las Cortes, y sectores mayoritarios del Ejército, institución donde suenan ruidos de sables y sed de sangre y venganza. Y ante las actuaciones o pronunciamientos de la Justicia y de las Fuerzas Armadas, la Zarzuela en el mejor de los casos calla, cuando no otorga.

Y, ¿el PSOE? Cumpliendo el papel que se le asignó en el tardofranquismo: apuntalando el Régimen. No debemos olvidar que el discurso de Nochebuena del jefe del Estado debe de obtener el plácet del presidente del Gobierno. Los socialistas durante la Transición aceptaron, con pingües beneficios políticos y gremialistas, la continuidad de hecho de la herencia franquista: y la monarquía actual es el exponente más significativo. Pedro Sánchez ha sido contundente: no cuestionaremos la monarquía, forma parte del pacto constitucional. Todo lo más están por retoques del maquillaje.

Pero, hoy por hoy, no existe alternativa posible y articulada al régimen de la Transición. Y, además, una república formal, desde las premisas de la Constitución del 78, tampoco sería la solución. Para nosotros, como carlistas, por razones históricas, políticas y de convivencia democrática debemos de considerar a la monarquía liberal y franquista como inaceptable. Está totalmente periclitada, sin posibilidad alguna de regeneración: si nunca tuvo legitimidad de origen, para nosotros jamás ha podido conseguir algún tipo de legitimidad de ejercicio. Siempre ha sido un instrumento al servicio de las élites dominantes.

Para nosotros el debate no debemos plantearlo en torno a la forma de gobierno. Debemos de formularlo en términos muchos más amplios: desde un consenso democrático que reformule un pacto de Estado entre todas las Españas. Tampoco debemos caer en radicalismos excluyentes: el consenso democrático y federal puede reformularse, si hay voluntad política, desde la actual Constitución, pero no desde una lectura estrecha y legalista, bien al contrario, desde una lectura inclusiva y ampliamente democrática. O bien, desde un proceso constituyente si los partidos, y partidarios del Régimen, se niegan a cualquier posible diálogo.

Y tenemos que dejar bien claro a la opinión pública que nuestro rechazo a la actual monarquía no lo hacemos desde una pleito dinástico, de una disputa por la Corona de familia a familia. No, los carlistas no planteamos un pleito dinástico, planteamos un pleito democrático y de consenso desde la pluralidad nacional de las Españas.

REFLEXIONS SOBRE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA

 

PUBLICAT AL LEVANTE-EMV EL 14-12-2020

 

 

Josep Miralles Climent

(Represaliat pel franquisme)

El Consejo de Ministros del 15 de setembre, aprovà L'“Anteproyecto de Ley Memoria Democrática”. Dita Ley tracta de dignificar les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme, fins a la Constitució de 1978.

L'Anteproyecto no contempla les víctimes de la República: els 351 morts durant els cinc mesos del Gobierno del Frente Popular d'abans de la guerra que, segons un estudi realitzat per González Calleja, va ser “una de las etapas más violentas de la historia democrática de España” en la què “los grandes actores de la violencia fueron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuya gestión de la protesta se caracterizó por la inflexibilidad y el uso desproporcionado de la fuerza”, una realitat que “no exonera de responsabilidad a los gobiernos.” Tampoc es tenen en compte les 2.000 víctimes mortals -segons Hugh Thomas- de la revolució de 1934. Per tant, la Ley acolliria només a les que es van produir del 17 de juliol de 1936, fins a la Constitució.

Per quina raó aquest Anteproyecto no inclou els períodes anteriors a la Guerra Civil? En primer lloc perquè es fa necessari tallar en algun moment històric, i, en segon lloc, per interessar només les víctimes de la dictadura franquista i postfranquista, fins a la Constitució, i no les produïdes en períodes teòricament democràtics. No obstant això, tenint en compte que el període republicà té una directa relació amb la Guerra Civil, si aquestes no es tenen en compte, es convertirien en víctimes de segona classe.

En l'Anteproyecto queda clar que la Ley afectaria a les víctimes dels rebels, però, com considerar a les de la rereguarda republicana, produïdes pels milicians, esdevingudes durant els primers mesos de la guerra? I les dels enfrontaments dintre del bàndol republicà? I a les del SIM? Perquè aquestes també son "víctimas de la Guerra Civil."

Si es vol prescindir de les víctimes produïdes en l’espai Republicà, i si l’Anteproyecto estigués pensat per a totes les "víctimas de la Guerra Civil", hauria d’incloure també a les víctimes de la rereguarda republicana. No es pot argumentar que aquestes ja van ser rehabilitades ni que eren franquistes o antidemòcrates. De fet no sabem com pensaven. Com tampoc sabem com pensaven totes les víctimes del franquisme, però aquest fet no les convertís ni en lluitadors per la llibertat ni en demòcrates. El sentit comú ens diu que entre les persones represaliades pel franquisme, després de judicis sense garanties, hi hauria de tot. Precisament la manca de garanties dels consells de guerra pressuposa que deuria haver molts esquerrans i republicans innocents; fins i tot lluitadors per la llibertat i demòcrates.

Amb tot convé recordar que entre les víctimes de tots els costats, els lluitadors per la llibertat i la democràcia tal com l’entenem hui, en serien pocs perquè, en els anys trenta, el que prevalia eren els totalitarismes de diferent signe.

D'altra banda, seria inadmissible justificar els assassinats de dretans o republicans -efectuats per milícies dites revolucionàries i autoproclamades antifeixistes-, acusats de conspirar o simpatitzar amb els revoltats de 1936. La majoria van ser víctimes per ser burgesos o catòlics, i, per molt que pogueren tenir molt mala reputació entre les esquerres i certs governants republicans, res justificava la seva eliminació, màximament quan ni tan sols havien comès cap assassinat.

Per tot això és també un error que una democràcia progressista intente elevar a la categoria de demòcrates i lluitadors per la llibertat a persones entre les quals hi havia indubtablement victimaris. Aquesta sembla una altra contradicció de l’“Anteproyecto de Ley Memoria Democrática”

Dit tot això pense que els familiars de tots els assassinats pels revoltats i pel franquisme, enterrats en fosses comunes o en cunetes, foren o no demòcrates, tenen dret a ser exhumats, tenir una digna sepultura familiar, o col·locats en columbaris decents on tots ells puguen ser recordats amb els seus noms com víctimes d'una dictadura, però no necessàriament com demòcrates, tal com vol presentar-los l'Anteproyecto de Ley que comento.

El dret a la dignificació de les víctimes del franquisme no pot significar l'oblit, la marginació o el menyspreu de les altres víctimes de la Guerra Civil, doncs mereixerien Igualment el respecte de la nova Ley.

REFLEXIONES SOBRE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA

Josep Miralles Climent

(Represaliado por el franquismo)

El Consejo de Ministros del 15 de septiembre, aprobó El "Anteproyecto de Ley Memoria Democrática". Dicha Ley trata de dignificar a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, hasta la Constitución de 1978.

El Anteproyecto no contempla las víctimas de la República: los 351 muertos durante los cinco meses del Gobierno del Frente Popular de antes de la guerra que, según un estudio realizado por González Calleja, fue "una de las etapas más violentas de la historia democrática de España "en la que" los grandes actores de la violencia fuerón los cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado, cuya gestión de la protesta se caracteriza por la inflexibilidad y el uso desproporcionado de la fuerza ", una realidad que" no exonera de responsabilidad a los Gobiernos. " Tampoco se tienen en cuenta las 2.000 víctimas mortales -según Hugh Thomas- de la revolución de 1934. Por lo tanto, la Ley acogería sólo a las que se produjeron el 17 de julio de 1936, hasta la Constitución.

¿Por qué razón este Anteproyecto no incluye los periodos anteriores a la Guerra Civil? En primer lugar porque se hace necesario cortar en algún momento histórico, y, en segundo lugar, por interesar sólo las víctimas de la dictadura franquista y postfranquista, hasta la Constitución, y no las producidas en períodos teóricamente democráticos. Sin embargo, teniendo en cuenta que el periodo republicano tiene una directa relación con la Guerra Civil, si estas no se tienen en cuenta, se convertirían en víctimas de segunda clase.

En el Anteproyecto queda claro que la Ley afectaría a las víctimas de los rebeldes, pero ¿como considerar a las de la retaguardia republicana, producidas por los milicianos, acaecidas durante los primeros meses de la guerra? ¿Y las de los enfrentamientos dentro del bando republicano? ¿Y a las del SIM? Porque estas también son "víctimas de la Guerra Civil."

Si se quiere prescindir de las víctimas producidas en el sector republicano, y si el Anteproyecto estuviera pensado para todas las "víctimas de la Guerra Civil", debería incluir también a las víctimas de la retaguardia republicana. No se puede argumentar que estas ya fueron rehabilitadas ni que eran franquistas o antidemócratas. De hecho, no sabemos cómo pensaban. Como tampoco sabemos cómo pensaban todas las víctimas del franquismo, pero este hecho no las convierte ni en luchadores por la libertad ni en demócratas. El sentido común nos dice que, entre las personas represaliadas por el franquismo tras juicios sin garantías, habría de todo. Precisamente la falta de garantías de los consejos de guerra presupone que debería haber muchos izquierdistas y republicanos inocentes; incluso luchadores por la libertad y demócratas.

Con todo conviene recordar que, entre las víctimas de todos los lados, los luchadores por la libertad y la democracia tal como la entendemos hoy, serían pocos porque, en los años treinta del siglo XX, lo que prevalecía eran los totalitarismos de diferente signo.

Por otra parte, sería inadmisible justificar los asesinatos de derechistas o republicanos -efectuados por milicianos revolucionarios y autoproclamadas antifascistas-, acusados ​​de conspirar o simpatizar con los sublevados de 1936. La mayoría fueron víctimas por ser burgueses o católicos, y, por mucho que pudieran tener muy mala reputación entre las izquierdas y ciertos gobernantes republicanos, nada justificaba su eliminación, máxime cuando ni siquiera habían cometido ningún asesinato.

Por todo ello es también un error que una democracia progresista intente elevar a la categoría de demócratas y luchadores por la libertad en personas entre las que había indudablemente victimarios. Esta parece otra contradicción del "Anteproyecto de Ley Memoria Democrática"

Dicho todo esto pienso que los familiares de todos los asesinados por los sublevados y por el franquismo, enterrados en fosas comunes o en cunetas, fueran o no demócratas, tienen derecho a ser exhumados, tener una digna sepultura familiar, o colocados en columbarios decentes donde todos ellos puedan ser recordados con sus nombres como víctimas de una dictadura, pero no necesariamente como demócratas, tal como quiere presentarles el Anteproyecto de Ley que comento.

El derecho a la dignificación de las víctimas del franquismo no puede significar el olvido, la marginación o el desprecio de las otras víctimas de la Guerra Civil, pues merecerían Igualmente el respeto de la nueva Ley.