AUTOR: Arturo
Estébanez
El pasado viernes, 18 de septiembre de
2020, ante el incremento de contagios por Covid-19 en la Comunidad
Autónoma de Madrid, su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, anunció
medidas restrictivas de derechos para la población de treinta y
siete áreas sanitarias básicas de la comunidad autónoma, veintidós
de las cuales se encuentran dentro de la propia ciudad de Madrid y
quince repartidas entre distintos municipios del sur de la Comunidad.
La más polémica de las medidas es la que confina a los habitantes
de dichas áreas dentro de las mismas, de las que no podrán salir
salvo por determinados motivos.
En
primer lugar, debemos incidir en la dudosa legalidad de la medida de
confinamiento de los ciudadanos dentro de determinadas áreas
geográficas, ya que esto es una medida que afecta al derecho
fundamental de la libre circulación por el territorio nacional
consagrado en el artículo 19 de la todavía -¿vigente?-
Constitución Española que dice "Los
españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a
circular por el territorio nacional"
y que, según el artículo 55 de esa misma Constitución, solo podrá
ser suspendido "cuando se
acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los
términos previstos en la Constitución",
es decir, conforme al texto constitucional el derecho de libre
circulación no podría ser suspendido, ni siquiera, por la
declaración del estado de alarma que los españoles hemos sufrido durante los meses de marzo a junio pasado. Aunque la Ley Orgánica
4/1981 de 1 de junio que regula los estados de alarma, excepción y
sitio en su artículo 11, por no se sabe qué extraña razón,
establece que en el estado de alarma se podrá "limitar
la circulación de personas y vehículos en horas y lugares
determinados" lo que
constituye una manifiesta contradicción con lo establecido en el
artículo 55 de la Constitución que deja nítidamente patente que
tal limitación solo podrá producirse durante los estados de
excepción y sitio.
Contradicciones
jurídicas a parte, pudiéndose limitar el derecho a la libre
circulación solo bajo la declaración del estado de excepción y
sitio o pudiéndose acordar también durante el estado de alarma, lo
fundamental es que para establecer tal limitación resulta
imprescindible la declaración del estado de alarma, excepción o
sitio, facultad ésta que corresponde en exclusiva al gobierno de la
nación previa autorización del Congreso de los Diputados y no a una
señora, o señorita, que preside una Comunidad Autónoma, quien
podrá gestionar el estado de alarma declarado por el gobierno, pero
no imponerlo y mucho menos limitar el derecho de libre circulación
sin la facultad jurídica para hacerlo, que sería, como mínimo, la
declaración de dicho estado de alarma. La declaración del estado de
alarma, excepción y sitio, significa una limitación de derechos y,
sin duda, de grandes inconvenientes para la ciudadanía pero también
suponen ciertas garantías, pues los dichos estados han de estar
sometidos al control del Congreso de los Diputados y no quedar al
capricho del político de turno.
Así
pues, en la situación de degeneración institucional que sufren los
españoles, lo menos que se puede exigir a unos dirigentes que tanto
cacarean sobre los beneficios y bonanzas del "Estado de Derecho"
es que sean coherentes con su propia legalidad, que en este caso,
como en otros muchos, no lo son.
Después
de las anteriores puntualizaciones legales, resulta interesante
analizar, política y socialmente, la decisión tomada por la
señorita Isabel Díaz Ayuso.
Tras
el levantamiento del estado de alarma y el inicio de la llamada
"desescalada", la presidenta de la Comunidad Autónoma de
Madrid, no dejo de pedir insistentemente pasar a la fase dos pasando
como de puntillas por la fase cero y uno porque según ella, "Madrid
estaba preparada y cumplía los requisitos", lo cual es síntoma
de que quien no estaba preparado era el gobierno autonómico
madrileño pues había que ser muy necio para no saber que al poco de
generalizarse la movilidad de los ciudadanos comenzarían los
"rebrotes" y que éstos terminarían
convirtiéndose en una "segunda oleada", que nos haría
retornar a la casilla de salida
de Marzo pasado, casilla a la que estamos muy próximos de volver, si
es que no hemos vuelto ya, a pesar de todo lo que manifiesta el
gobierno que preside Pedro Sánchez.
Al
reabrirse las fronteras exteriores en julio pasado, Díaz Ayuso,
exigió al gobierno de la nación que tomara medidas de control sobre
los pasajeros que entraran en Madrid por el aeropuerto de Barajas y
ante la negativa o inacción de éste, la presidenta madrileña no
hizo nada. Ciertamente el gobierno autonómico madrileño no podía
cerrar el aeropuerto de Barajas al tráfico aéreo, como tampoco
puede ahora limitar el derecho de circulación de los ciudadanos sin
que se haya declarado, al menos, el estado de alarma; pero podía
haber decretado varias actuaciones como, por ejemplo, suspender el
servicio del transporte público, incluido el servicio de taxis, que
conecta el aeropuerto con el centro de la ciudad de tal forma que los
pasajeros que aterrizaran en él quedasen práctica y materialmente
confinados en la zona aeroportuaria.
Igualmente,
desde mediados o finales de julio, cuando todos los indicativos
procedentes del resto del país mostraban que el índice de contagios
se incrementaba alarmantemente, el gobierno que preside Díaz Ayuso
podía haberse ido preparando. Preparándose, reteniendo al personal
sanitario precariamente contratado durante la primera oleada de la
epidemia y que fue despedido al poco de finalizar el confinamiento.
Preparándose, dotando a los colegios de la Comunidad de Madrid de
mayores medidas de seguridad para cuando se iniciase el curso
escolar- Preparándose, incrementando el número de test serológicos
y PCRs que se realizaban entre los ciudadanos madrileños o
favoreciendo la realización privada de los mismos mediante su
financiación. Preparándose, mediante el reforzamiento de la
asistencia sanitaria primaria y adecuando espacios para ser
utilizados como eventuales lugares de hospitalización alternativos
dotados con los medios necesarios, etc..., Pero, lamentablemente, el
gobierno autonómico madrileño, que preside Díaz Ayuso, todo lo
confió a la suerte o a la benevolencia de un virus que no la tiene,
y ahora la culpa resulta ser… ¡del ciudadano que vive en
determinadas zonas!
El
gobierno autonómico madrileño es responsable de esta pésima
situación que hoy vive una parte de los madrileños, pero no es el
único responsable porque el gobierno de la nación también tiene su
parte de responsabilidad, al haber abierto durante los meses
estivales las fronteras exteriores idealizando los denominados
"pasillos turísticos seguros", y al haber permitido la
generalizada movilidad interprovincial o interautonómica sin
control, y todo ello para evitar el hundimiento de los sectores
turístico y hostelero que, al final, tampoco se ha evitado.
Los
madrileños, o una parte de ellos, se encuentran hoy con su derecho
fundamental a la libre circulación, suspendido; y, lo que es peor,
todos los ciudadanos con su vida en peligro, situación ésta que
amenaza con extenderse al conjunto de los españoles, atendiendo a
los datos de expansión de la epidemia. Todo ello, porque unos
políticos incompetentes, autonómicos y nacionales, decidieron
irse de vacaciones en vez de tomar las medidas que había que tomar
ante lo que todos, menos parece ser que ellos, veíamos venir y que
era que los rebrotes se convertirían en una segunda oleada para la
que no íbamos a estar mejor preparados que para la primera embestida
del Covid-19.
Una
vez más se demuestra que el pueblo español no interesa a su casta
política nada más que una vez cada cuatro años para pedirle el
voto. Una vez más se demuestra que los políticos, que han creado un
estado a su imagen y semejanza exclusivamente para exprimir al pueblo
español y reprimirlo si es necesario, vive y gobierna al margen de
la realidad social de la ciudadanía. Y, finalmente, una vez más se
demuestra que los ciudadanos no somos más que rehenes de una casta
política diletante que no hace otra cosa que escaquearse de toda
responsabilidad pasándosela de los unos a los otros y, en último
extremo, hacerla recaer en el pueblo mismo.
Cuando
las banderas ocultan los problemas
.
