Las ideas políticas de Don Jaime, noventa años después (2021)

 

Escrito colectivo publicado en el diario Levante-EMV (País Valencià) y en Naiz (Euskal Herria) el 06/10/2021.

Entre las figuras históricas más significativas del Carlismo se encuentra la de Jaime III, hijo de los inolvidables y míticos Carlos VII y Margarita de Borbón-Parma. Durante la etapa de su liderazgo dinástico, entre los años 1909 y 1931, los militantes del Partido Carlista se opusieron a la Dictadura del general Primo de Rivera, constituyeron sindicatos obreros y colaboraron políticamente con el nacionalismo vasco y catalán. Fallecido el 2 de Octubre de 1931, en el noventa aniversario de su defunción, los firmantes de este escrito queremos reivindicar la modernidad y actualidad de su pensamiento político.

Proclamada la II República Española el 14 de Abril de 1931, Don Jaime emitió un Manifiesto el 23 de Abril, expresando de manera pública e inequívoca sus convicciones democráticas. En esta declaración, no solamente llamaba a los carlistas a cooperar con el Gobierno provisional, también recordaba que el verdadero lugar de la Iglesia y del Ejército se encontraba lejos de toda acción política. Igualmente planteaba la convocatoria de unas elecciones generales constituyentes, con carácter plebiscitario, que deberían servir para que la ciudadanía española escogiera entre la República y una Monarquía «progresista»; señalando además que si la voluntad popular, libremente expresada, «se pronunciara en favor de la República», «pediría a los monárquicos que colaborasen en la obra inmensa que es construir la federación de la nueva España».

En declaraciones a los medios de comunicación, Don Jaime insistiría en que: «Si España ratifica plenamente su voluntad republicana, manteniendo todos mis derechos, respetaré esa decisión del pueblo. Considero que la República, como forma política es indudablemente legítima, mientras que el régimen que imperaba hasta ahora era ilegítimo dentro de la forma monárquica».

Don Jaime también solicitó al Gobierno provisional que adoptara un sistema de representación proporcional puro, como ya se hacía «en las grandes naciones europeas», para que se recogiera «hasta el último voto de todos los ciudadanos», evitando así los peligros del sistema de escrutinio mayoritario que tantos problemas políticos provocaría durante el periodo republicano.

Noventa años después, cuando las naciones hispanas tienen como forma de Estado una monarquía doblemente ilegítima, cuestionada socialmente tanto por su origen franquista como por sucesivos y continuos escándalos de corrupción, los criterios de Don Jaime son tan actuales como la misma realidad que nos rodea. Es el conjunto de la ciudadanía quien debe decidir sobre el contenido y la forma de la Jefatura del Estado. Mientras no se celebre una consulta popular para decidir específicamente sobre esta cuestión en concreto, la sociedad española arrastrará un indudable déficit democrático, que impide cualquier tipo de consenso y de convivencia consolidada.

La orientación progresista y emancipadora de las ideas políticas de Don Jaime también abarcaba campos como la redistribución social de la riqueza o la reorganización territorial del Estado. En su Manifiesto del 23 de Abril de 1931, proclamaba que «ha sido siempre el fundamental objeto de nuestra política realizar la federación de las distintas nacionalidades ibéricas», al mismo tiempo que convocaba a los carlistas a impulsar un movimiento «intensamente progresivo, amigo de las reformas sociales».

Respecto a estas cuestiones estructurales, la ideología de Don Jaime no aceptaba falsas soluciones de carácter vertical, como la caridad paternalista de los más ricos con los más pobres, o una descentralización de competencias administrativas desde Madrid a la periferia.

En ese sentido, Don Jaime realizó declaraciones tan contundentes en su época como: «La caridad no debería existir en nuestro mundo, que se pretende civilizado. En la sociedad, a la que todos pertenecemos, hay gente enferma, niños, viejos, incapaces», a los cuales «no debería la colectividad reservar sus limosnas, sino que es una obligación estricta e ineludible para el cuerpo social sostener a sus miembros, demasiado débiles; tienen ellos un derecho sagrado al apoyo desinteresado de todos. La caridad es una humillación constante; en cambio, el sostenimiento de todos los seres desvalidos por la comunidad no entraña disminución para nadie». Igualmente apoyaba el sindicalismo reivindicativo, «realizado con el nobilísimo fin de que el trabajador no se vea desamparado frente al propietario» para lo cual era necesario  «el salario mínimo, la protección del trabajador, la subsistencia para la viuda y los huérfanos». Por todo ello, Don Jaime manifestaba que «me considero y me he considerado siempre como un socialista sincero, en el sentido exacto de la palabra».

Entroncando con la tradición fuerista de las Españas, Don Jaime tampoco dudó en afirmar que «en un sistema netamente regionalista como el nuestro, España vendría a ser una confederación de Repúblicas gobernadas por la Monarquía», insistiendo en que «ninguna colectividad política ha sostenido con el tesón que nosotros venimos sosteniendo desde hace un siglo la imprescindible necesidad de devolver a los estados regionales su personalidad histórica y jurídica», es decir, la reintegración foral plena, mientras que «los partidos autonomistas de reciente creación han venido todos a instruirse en nuestro caudal histórico».

Noventa años después, muchas cosas han cambiado en la sociedad española, pero también ciertas oligarquías se han perpetuado a través de sucesivas reformas políticas, de tal forma que lo que nunca ha cambiado es la estructura socio-económica y la «unidad constitucional» del Estado español. Ante esta realidad, los firmantes consideramos que las ideas emancipadoras de Don Jaime de Borbón acerca de una redistribución justa de la riqueza, de la pluralidad federativa de las naciones hispanas y de la voluntad popular como criterio determinante de la naturaleza de la Jefatura del Estado, continúan siendo tan modernas, necesarias y actuales como en 1931.

Manuel HERRERA (Castilla), Pere GUAL (Catalunya), Antonio GIL (País Valencià), Juan José GARAY (Euskal Herria), Salvador GÓMEZ DE ARTECHE (Mallorca), Juan CERRILLO (Andalucía), Javier CUBERO (Asturies), Manuel LODEIRO (Murcia), José Luís DORESTE (Canarias), Jesús María ARAGÓN (Euskal Herria), Ximo CAMPANA (País Valencià), Robert VALLVERDÚ  (Catalunya),  Manuel MARTORELL (Euskal Herria), Luis MARTÍNEZ GARATE (Euskal Herria), Marisa MARTÍN (País Valencià), Arturo ESTÉBANEZ (Castilla), Ferran LUCAS ZARAGOZA (Catalunya), Iciar ANGLÉS (País Valencià), Fernando SÁNCHEZ ARANAZ (Euskal Herria), Josep M. SABATER (País Valencià), Manuel FERNÁNDEZ DE SEVILLA (País Valencià), Xavier CARBONELL (Catalunya), Miguel SARALEGUI (Euskal Herria),  Assumpta CABRÉ (Catalunya), August MONZÓN (País Valencià), José Javier LÓPEZ, Albert VANCELL PUJOLS (Catalunya), Miguel DELGADO ORTIZ (Catalunya), Javier ONRUBIA REBUELTA (Castilla), Félix Ángel HERRERO DURÁN (Andalucía), Francisco Álvaro CASTILLO MORÓN (Andalucía), Javier ALDAZ (Euskal Herria), Joaquín BARRACHINA (León), Javier LIZÁRRAGA (Euskal Herria), Luis SIERRA-SESÚMAGA (Euskal Herria), José María PORRO (Euskal Herria), Frederic TORRES FERRANDO (País Valencià), Maribel ALZÓRRIZ (Euskal Herria), Antonio TORRES FERRANDO (País Valencià), José Ramón RINCÓN (Castilla), Josep MIRALLES (País Valencià), Cesc PUCHOL (País Valencià), Alberto QUEROL (País Valencià), José Antonio COB PAMPLIEGA (Castilla), Pepe ROGER (País Valencià), Xavier CLARET (Catalunya), Mercè FONDEVILA (Catalunya), Rafel CLAPERS (Catalunya), Beatriz PINILLA (Catalunya), Cisco MIRALLES (País Valencià), Antoni MIRALLES (País Valencià), Miquel MONTOLIU (Catalunya), Esteve MONTOLIU (Catalunya) y Enric MONTOLIU (Catalunya).

A DOÑA MARÍA TERESA DE BORBÓN-PARMA, LA PRINCESA ROJA. IN MEMORIAM

Hoy viernes, 27 de agosto, se celebrarán las honras fúnebres por doña María Teresa de Borbón Parma en la basílica de Santa María della Stecatta, en Parma. Sus restos mortales descansaran en la cripta de los Duques de Parma, Infantes de las Españas, junto a los de su hermano Don Carlos Hugo, con el que tanto colaboró. Doña María Teresa falleció en París, víctima de la Covid-19, el 26 de marzo de 2020. Las restricciones sanitarias del momento impidieron la celebración de actos en su recuerdo.

Los abajo firmantes, como carlistas y como compañeros de lucha, hacemos público nuestro reconocimiento a su memoria por sus aportaciones a la convivencia democrática de las Españas y por su infatigable dedicación a la Causa carlista.

Carlos Hugo y María Teresa, siguiendo el ejemplo de su padre, el viejo Rey Javier, impulsaron y dirigieron la renovación ideológica y organizativa del Carlismo. Convirtieron al más antiguo movimiento político de las Españas en el Partido Carlista, comprometido e integrado plenamente en la lucha por las libertades democráticas y por la transformación social.

De sus esfuerzos por la reconciliación y la unión de las fuerzas democráticas, en los últimos años de la Dictadura, son testimonio su presencia en Moscú, en el Congreso Mundial de la Paz, en 1973, junto a Dolores Ibárruri, que escandalizó al régimen franquista, y su designación como portavoz de la Platajunta en París, en 1976, para anunciar la unión de todos los partidos políticos democráticos españoles.

Debemos recordar su militancia y su pensamiento político basado en sus creencias cristianas y humanistas y en sus vivencias familiares. Doña María Teresa era una mujer culta, vital, inquieta, abierta, entregada, cercana, alegre y discreta. Supo integrar sus vivencias del Carlismo hispano en unas concepciones globales, europeas y universales. Desde su cristianismo comprometido fue capaz de comprender la necesidad de un diálogo y un entendimiento con el Islam, para habilitar espacios de consenso, convivencia y progreso.

Desde su compromiso con los más desfavorecidos consideró que el socialismo autogestionario era el camino hacia la dignidad y la solidaridad. El capitalismo salvaje moderno, los poderosos “lobbies”, están impidiendo no solo la justicia social, sino también acelerando el desastre ecológico. Pero doña María Teresa creía en la revuelta de un pueblo exasperado, pero no en la violencia, que consideraba odiosa y ridícula, sino en la responsabilidad y en el combate cívico.

Los déficits de participación ciudadana en la democracia liberal han convertido a los ciudadanos en consumidores pasivos. Para el necesario avance democrático, doña María Teresa proponía recuperar el impulso voluntarista de la Transición. Recuperar un patriotismo democrático, frente al patriotismo de venganza de bases franquistas. Integrar en un nuevo consenso constitucional a los pueblos de las Españas, no con una retórica vacía de sentimentalismo alienante, sino desde sus lenguas y sus culturas y su derecho a decidir libremente si quieren, o no, convivir en un proyecto común. Su concepción de la forma de estado se basaba en el respeto a la voluntad del pueblo: “no soy ni monárquica ni republicana, soy demócrata”, pero en todo caso la monarquía nunca debe de ser el régimen de una clase.

Su militancia política despertó su conciencia feminista. La lucha no solo se plantea contra unas estructuras políticas represivas, también contra unas estructuras social-familiares igualmente represivas en su ámbito de aceptación colectiva. “No se trata de enfrentarse al “otro”, sino junto al “otro” enfrentarse a las injusticias sociales y políticas”.

Pero el mejor homenaje a nuestra “princesa roja” lo propone su sobrino Don Carlos Javier, actual abanderado de la Dinastía: “es seguir trabajando por la Causa carlista, luchando por los derechos, libertades y dignidad de las personas y de los pueblos.”

Ramón MURUZÁBAL (Euskal Herria), Manuel HERRERA (Castilla), Ximo LLORET (País Valencià), Marisa MARTIN (País Valencià), Arturo ESTÉBANEZ(Castilla), Javier CUBERO (Asturies), Josep M. SABATER (País Valencià), Juan José GARAY (Euskal Herria), Victor CERVERA (Catalunya), Miguel SARALEGUI (Euskal Herria), Juan Francisco CERRILLO (Andalucia), José Luís DORESTE (Canarias), José María PORRO (Euskal Herria), Javier ONRUBIA (Castilla), José LÁZARO IBÁÑEZ (Euskal Herria), José Antonio FERNANDEZ LANDA (Euskal Herria), Santiago PACHECO (Castilla), Ton ALUJA (Catalunya), Loli CASTERES (Euskal Herria), Beatriz CASTERES (Euskal Herria), Manuel FERNANDEZ DE SEVILLA (País Valencià), Javier LIZARRAGA (Euskal Herria), Javier GÓMEZ DE SEGURA (Euskal Herria), Soledad SANCRISTOBAL (Euskal Herria), Joaquín BARRACHINA (León), Joan Francesc ROGER (País Valencià), Javier LUBELZA (Catalunya), David LIZARBE (Euskal Herria), Inmaculada IBÁÑEZ (Castilla), Josep MIRALLES (País Valencià), Aurora GARAMENDI (Euskal Herria), Horman TOJA (Euskal Herria), Javier ALDAZ (Euskal Herria), Carlos LABAIRU (Euskal Herria), Luís GISMERO (Castilla), Victor ORÚE (Euskal Herria), Antoni MIRALLES (País Valencià), Maties PALAU (Catalunya), Juan Félix GARAY (Euskal Herria), Dolores GÓMEZ GAMBOA (Euskal Herria), Maribel GÓMEZ GAMBOA (Euskal Herria), Joaquín CUBERO (Asturies), Dolores ARRIOLA (Euskal Herria), Frederic TORRES FERRANDO (País Valencià), Iciar ANGLÉS (País Valencià), Josefina SAFONT (País Valencià), Xavier CARBONELL (Catalunya), Juan de Dios TORRES FERRANDO (País Valencià), Cesc PUCHOL (País Valencià), Pilar CAROD (País Valencià), Antonio GIL (País Valencià), José Ramón RINCON (Castilla-La Mancha), Cisco MIRALLES (País Valencià), José Antonio COB (Castilla), Julio RIOS (Euskal Herria), Jaume CAMPÀS (Catalunya), Jon IGLESIAS (Euskal Herria), Rafel CLAPERS (Catalunya), Beatriz PINILLA (Catalunya), Xavier Claret (Catalunya), German MONTOIA (Catalunya), August MONZÓ (País Valencià), Abel URSUEGUÍA (Catalunya), Carles FELIU VIVES (Catalunya), Esteve MONTOLIU (Catalunya), Enric MONTOLIU(Catalunya), Pere GUAL GATELL (Catalunya), Assumpta CABRÉ MASCORDA (Catalunya), Josep M. VILARRUBIAS SERASOLS (Catalunya), Salvador GOMEZ DE ARTECHE CATALINA (Mallorca), Ferran LUCAS ZARAGOZA (Catalunya), Mercè FONTEDEVILA (Catalunya), Miquel MONTOLIU (Catalunya), Wifred LLADÓ FERNÁNDEZ (Catalunya).

La fragilidad de los cordones democráticos

Autor:  Javier Cubero de Vicente

Desde la época de la Transición, y hasta no hace mucho, en el Estado español existía un consenso transversal de izquierda a derecha en torno a la marginación de la extrema derecha. Durante la década de 1970 demócratas y antifranquistas de muy diverso signo ideológico sufrieron la violencia de los que no querían ningún cambio por limitado que fuese. Por eso el establecimiento de cordones democráticos a grupos como Fuerza Nueva o CEDADE fue realizado espontánea y unánimemente por toda la opinión pública. La existencia de tales cordones significó sin duda alguna el arrinconamiento social, político y electoral del neofascismo durante varias décadas.

Ante la actual presencia de Vox en las instituciones públicas, sería un error considerar que es el éxito electoral de Vox lo que está provocando el resquebrajamiento de los cordones. Todo lo contrario. El cordón democrático respecto a todo discurso ultraderechista se viene erosionando desde hace años. La llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la Presidencia del Gobierno central en 2004 fue acompañada de una campaña absolutamente demagógica por parte de diversos medios de comunicación que cuestionaban la legitimidad de la victoria del PSOE en las elecciones generales de aquel año. La actuación de algunos periodistas entonces no fue muy distinta a la de los partidarios de Trump que actualmente persisten en la afirmación de que hubo fraude electoral en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Ante semejante espectáculo, el Partido Popular optó por la complacencia y la complicidad. De la crispación suscitada en aquellos barros vienen los actuales lodos, pues el monstruo alimentado durante años por el Partido Popular ha acabado por configurar un nuevo partido político.

Pero también desde algunos sectores muy concretos de la izquierda se ha contribuido al blanqueamiento del neofascismo durante los últimos años. En el marco de la oposición a las políticas neoliberales de la Unión Europea ha habido quien ha definido a Le Pen y a Salvini como potenciales aliados, favoreciendo y difundiendo los discursos absolutamente delirantes del rojipardismo. Así, hemos visto a más de un supuesto marxista proponer una mezcla de las ideas sociales de Podemos con los valores nacionales de Vox. Exactamente el mismo tipo de discurso que reivindica Hogar Social Madrid.

Es precisamente la ruptura de los cordones democráticos lo que hace posible cosas que antes eran impensables, como la entrevista del periodista Daniel Ramírez García-Mina con Sixto Enrique de Borbón-Parma y su publicación el 20 de diciembre en El Español de Pedro J. Ramírez; una entrevista que el líder de la Comunión Tradicionalista (grupo autor de los asesinatos de Montejurra 76 según la relación estadística sobre víctimas del terrorismo del gabinete de Administración, Documentación e Informática del Ministerio del Interior) utilizó para blanquear su trayectoria y sus responsabilidades en Montejurra 76, sin ver cuestionada por el periodista su versión de aquellos terribles hechos.

Igualmente, el 21 de diciembre, el politólogo Santiago Armesilla, con dos libros publicados en la editorial marxista El Viejo Topo, difunde la entrevista de El Español en un tuit de su cuenta de Twitter, elogiándola y animando a su lectura porque, según él, «define muy bien a Vox y a Podemos». En ningún momento realizó crítica alguna del blanqueamiento que esa entrevista implicaba.

Poco a poco parece que vuelven tiempos que creíamos superados. No en vano ahí tenemos a Juan Manuel de Prada despotricando contra el sufragio universal, la libertad religiosa y los derechos humanos desde las páginas del diario Abc.

ESPAÑA, GIBRALTAR Y EL COVID

 Autor: Arturo Estébanez

El gobierno de la Gran Bretaña anunciaba hace poco más de un mes y medio que había detectado en su territorio una nueva cepa de coronavirus mucho más contagiosa y que hoy es popularmente conocida como "la cepa británica". Mientras que de una forma rápida y eficiente algunos estados europeos como el holandés, sin duda con la intención de salvaguardar la salud de sus ciudadanos, cerraron inmediatamente sus aeropuertos a los vuelos procedentes de las Islas Británicas; el gobierno español demoraba tomar tan elemental medida a que se tomase en el seno de la Unión Europea para, finalmente, tomarla tres días más tarde de que la hubiera adoptado el primero de los estados de nuestro entorno.

Veinte días después de que el Gobierno PSOE-PODEMOS adoptase, el 21 de diciembre de 2020, la decisión de cerrar los aeropuertos a los vuelos británicos, el Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias sanitarias, doctor Fernando Simón, manifestaba, el 11 de enero de 2021, que la cepa británica "solo tendría un impacto marginal" en nuestro país, para terminar reconociendo, el 21 de enero de 2021, que se esperaba que dicha nueva cepa de coronavirus fuera "una cepa dominante, aproximadamente, para mediados del mes de marzo".

Lo cierto es que en el momento en que los británicos anunciaron la aparición de la "Cepa Británica", el gobierno español estaba negociando con Gibraltar el tratamiento que iba a tener la frontera entre la colonia inglesa y España tras la finalización del periodo transitorio del Brexit previsto para el 31 de diciembre de 2021 habiéndose llegado a un acuerdo, precisamente el día 11 de enero de 2021, por el cual el Peñón de Gibraltar se unirá al territorio Schengen, se derribará la verja que marca la frontera y existirá libre circulación entre España y el territorio ocupado por la Gran Bretaña pudiéndose entrar y salir de dicho territorio sin necesidad de pasaporte dejando el control de entrada en la península por el puerto y el aeropuerto de Gibraltar a las autoridades gibraltareñas quienes, curiosamente, sí pedirán pasaporte para entrar en Gibraltar a los ciudadanos procedentes de las Islas Británicas.

Ahora bien, este acuerdo resulta gravemente perjudicial para los ciudadanos y los intereses españoles por varios motivos: en primer lugar porque el Estado Español está elevando a rango de estado a una entidad que no es más que una colonia dependiente de otro estado que es el Reino Unido de la Gran Bretaña por lo que está desistiendo tácitamente de la reclamación de la soberanía de un territorio ilegal e ilegítimamente ocupado por una potencia extranjera y, en segundo lugar, porque considerando que la economía gibraltareña se basa en actividades tan "honorables", "honradas" y rentables como el contrabando, la creación de sociedades "offshore" y el juego "on line", pensar que ese acuerdo va a ser respetado escrupulosamente por las autoridades que ocupan y administran el territorio gibraltareño, es simplemente.... ¡¡¡Creer en los Reyes Magos!!! (1).

De momento, este acuerdo ya está reportando sus frutos negativos para la población española de la provincia de Cádiz porque mientras España cerraba sus aeropuertos a los vuelos procedentes de Gran Bretaña, éstos seguían aterrizando libremente en el territorio ocupado de Gibraltar lo que ha provocado que, unido a la libre movilidad de la población gibraltareña por todo el Campo de Gibraltar, la "Cepa Británica" del Coronavirus haya entrado en nuestro país antes de lo esperado y que los casos de contagios en la ciudad fronteriza de La Línea de la Concepción, población de 62.940 habitantes, se haya disparado a más de cinco mil desde el uno de enero.

Otra consecuencia negativa del acuerdo alcanzado por el gobierno español y las autoridades que ocupan Gibraltar, se verá a medio plazo, y será cuando la población de la colonia británica, la cual asciende a casi 34.000 habitantes, empiece, sin generar ingresos a la hacienda pública española y andaluza, a utilizar los servicios sanitarios y asistenciales existentes en la provincia de Cádiz y, especialmente, en el Campo de Gibraltar lo que llevará irremediablemente a la saturación y degradación de los mismos.

Este acuerdo, que el gobierno de coalición PSOE-PODEMOS quiere vender como un éxito y del que solo pueden sentirse orgullosos los ciudadanos británicos, no es más que otro fracaso de la diplomacia española que ha hecho renuncia de sus derechos y reivindicaciones históricas y legítimas al no situar cualquier tipo de conversación sobre la cuestión gibraltareña dentro del marco impuesto por el Tratado de Utrecht y las distintas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Gibraltar. Una vez más, el gobierno español persiste en una política exterior claudicante mientras que la "patriótica" oposición integrada por el Partido Popular, Ciudadanos y VOX, guardan un vergonzoso y vergonzante silencio aunque, desde luego, al igual que no se puede esperar que un olmo nos proporcione peras no se podía esperar otra cosa de gentes cuya baba se les cae mientras se postran de rodillas ante la figura de Margaret Thatcher.

(1) Las autoridades británicas del Peñón nos han obsequiado, en no pocas ocasiones, con imágenes tan amistosas y generadoras de confianza como las de sus patrulleras entorpeciendo la persecución de las planeadoras de contrabandistas por parte de la Guardia Civil. ¿Y con esta clase de gente hemos llegado a algún tipo de acuerdo?

EL INÚTIL ESTADO DE ALARMA, O EL ESTADO DE ALARMA DE LOS INÚTILES

 

“pretendiendo salvar vidas sin perjudicar a la economía, han conseguido destruir la economía sin salvar vidas”

Autor: Arturo Estábanez

Hace unos meses denunciábamos "la defunción del Régimen de 1978" cuando el Gobierno de Coalición PSOE-PODEMOS obtenía del Congreso de los Diputados la prórroga del "Estado de Alarma" decretado por el Real Decreto 926/202 de 25 de octubre hasta el 9 de mayo de 2021, porque entendíamos, y entendemos, que conforme a la vigente legalidad constitucional, tal estado, no podía durar más de quince días prorrogables sucesivamente por periodos quincenales, previa autorización del Congreso de los Diputados debiendo estar constantemente sometido al control del parlamento; todo ello conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de Junio reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio. Además, esta medida de prorrogarlo quincenalmente resulta de lo más lógica considerando que estando previsto el "estado de alarma" para circunstancias excepcionales, tales circunstancias siempre son cambiantes y ello conlleva a que el contenido del estado de alarma pueda ser también cambiante y flexible.

Pasados casi tres meses desde que se instaurase el "estado de alarma" el 25 de octubre de 2020, el Gobierno no solo no ha acudido en ningún momento al Parlamento a rendir cuentas de la gestión del mismo, privando al Congreso de los Diputados, al parecer con cierta complacencia de éste por su pasividad, de su función legal de control y evolución del estado de alarma, sino que además ha delegado su aplicación en las Comunidades Autónomas lo cual es manifiestamente ilegal ya que conforme el artículo 7 de la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de Junio "A los efectos del estado de alarma la Autoridad competente será el Gobierno o, por delegación de éste, el Presidente de la Comunidad Autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad"; como el estado de alarma decretado el 25 de Octubre de 2020 alcanza a todo el territorio nacional la única autoridad para aplicar el mismo es el gobierno, no cabiendo su delegación en los presidentes autonómicos.

Dejando a un lado la legalidad o ilegalidad del vigente estado de alarma y la cuestión de si las medidas restrictivas del derecho de reunión que se están adoptando puedan tener cabida en él, o solamente en los estados de excepción o sitio, lo que a estas alturas deberíamos plantearnos es si este estado de alarma está dando resultados positivos o no.

Si el objetivo del Estado de Alarma cuando se prorrogó su vigencia, el 29 de octubre pasado, era evitar la expansión de la pandemia y doblar la curva de contagios cuya tasa de incidencia acumulada a catorce días se encontraba ese mismo día en 468 casos por cada cien mil habitantes, resulta evidente que no se ha logrado pues, a fecha 14 de enero de 2021, nos encontramos con una tasa de incidencia acumulada a catorce días de 482 casos por cada cien mil habitantes, es decir, mayor a la existente en el momento de decretarse el estado de alarma. Así pues, las medidas adoptadas, que han consistido en limitar la circulación de los ciudadanos a determinadas horas del día y en un supuesto cierre perimetral de determinados municipios y Comunidades Autónomas, no han dado el resultado deseado por lo que el estado de alarma se está revelando como una incomodidad inútil, máxime cuando en cada Comunidad Autónoma las medidas que se adoptan son diferentes y constantemente cambiantes lo que produce desconcierto e inseguridad jurídica entre la población.

Por otra parte, resulta extremadamente raro, y absolutamente incomprensible, que en el mes de marzo de 2020 se decretase un confinamiento total de la población en sus casas, cuando la incidencia acumulada el día 20 de marzo de 2020, cuatro días después de acordarse dicho confinamiento, era de 62 casos por cada cien mil habitante, mientras que a fecha 31 de diciembre de 2020, dos meses más tarde de decretarse el actual estado de alarma, la incidencia acumulada alcanzaba los 236 casos por cada cien mil habitantes, llegando a ser la citada tasa acumulada el día 18 de enero de 2021 la de 689 casos por cada cien mil habitantes.

Con estos datos surge la gran cuestión del por qué se decretó el confinamiento total de la población en marzo del año pasado, y no se hace ahora a pesar de haber sido solicitado por varios presidentes autonómicos y por varias autoridades científicas y médicas, máxime cuando un confinamiento breve, de un mes como máximo, acompañado de un incremento de la vacunación podría dar excelentes resultados en la batalla por salvar vidas, afectando muy poco a la economía pues ésta ya fue prácticamente destruida en el confinamiento de marzo a junio del año pasado, y sigue siendo dañada con las medidas restrictivas que imponen determinadas autonomías y que, como indican los datos de contagios, no están dando los resultados supuestamente deseados.

El confinamiento domiciliario es una medida drástica, molesta y que hace poca o ninguna gracia a los ciudadanos; es decir, es una medida impopular que evidentemente no quiere tomar el gobierno por las consecuencias políticas que la misma podría generarle en unas futuras elecciones por lo que ha desertado de su autoridad y de sus obligaciones traspasando el problema a unas Comunidades Autónomas que solo pueden tomar medidas dentro de los estrechos márgenes que marca el Real Decreto 926/202 de 25 de octubre, que en ningún caso comprende el confinamiento total en domicilio y, de hecho, ni siquiera pueden limitar la libre circulación de las personas fuera de los márgenes horarios establecidos en el Real Decreto y que va de las 23.00 a las 7.00 horas.

El actual estado de alarma, tan solo obedece a una operación de ilusionismo político con la que se pretende hacer creer a la población que se está haciendo algo por salvar vidas cuando realmente no se está haciendo. Algunos podrán argumentar que lo que se está intentando hacer es salvar vidas sin perjudicar demasiado la economía, pero lo cierto es que la economía ya resultó dañada gravemente en el confinamiento de marzo a junio pasado y, en el caso de algunos importantes sectores económicos, continúa siendo gravemente perjudicada con las limitaciones horarias y de aforos por lo que solo se puede concluir que, dada la situación real, el actual estado de alarma está resultando ser inútil… o que está ideado y gestionado por unos inútiles que, pretendiendo salvar vidas sin perjudicar a la economía, han conseguido destruir la economía sin salvar vidas.

EN MEMÒRIA D’UN VETERÀ MILITANT CARLISTA DE NULES: MIQUEL MONFORT

El 23 d’octubre de 2012 li vaig fer una entrevista a Miquel Monfort Carratalà per tal de deixar constància a l’arxiu del Grup d’Història Local i Fons Orals de la UJI, de la seua llarga vida. L’entrevista la vaig realitzar a sa casa de Nules, quan contava 90 anys i ja en feia alguns més que patia una ceguera quasi total. Vivia amb la seua dona, Vicentica i una de les seues filles.

El passat 18 de gener ja molt tard, per whatsapp, em vaig assabentar per mitjà d’un vell amic comú, Vicent Goterris, que havia mort. Al dia següent vaig poder parlar amb la seua filla, Mari, que me va confirmar la mort de son pare produïda a sa casa. Mantenia perfectes les seues facultats mentals, potser per això, li va afectar tant la recent mort de la seua dona, el passat 9 de setembre, quan contava 91 anys.

Miquel, tot i la seua humilitat, no era una persona qualsevol. Era vell militant antifranquista que va representar al Partit Carlista del País Valencià (PCV) en els organismes unitaris d’oposició a les comarques del Nord del nostre país. Era, per tant, persona vinculada al carlisme que va evolucionar cap al socialisme autogestionari en companyia dels seus caps Xavier i Carles Hug de Borbó Parma, la dirigent valenciana Laura Pastor, i la major part de la militància més activa del carlisme valencià.

Miquel havia nascut el 1923 a Nules, al si d’una família llauradora. Als dos anys d’edat va patir la polio, una malaltia que el va deixar coix de per vida, cosa que li va impedir certes activitats. Potser per això, de menut, li agradava molt conversar amb el vells del poble dels que escoltava histories viscudes. Pocs anys més tard, el 1936, es va quedar orfe de pare. Era gran aficionat a la lectura, però no va poder estudiar com hagués sigut el seu desig. D’adolescent va patir la guerra i la devastació total del seu poble que va quedar entre dos fronts en l’anomenada Batalla de València. En aquesta circumstància es va veure obligat amb sa mare i iaios a fugir refugiats, i van fer cap a Rafelbunyol, on recordava que van passar molta fam. Es va casar el 1956 amb Vicentica, una jove que coneixia de l’Acció Catòlica, organització a la que estava també vinculat degut a la seua sincera religiositat que també va marcar la seua vida.  

Acabada la guerra, amb 16 anys es va posar a treballar en la Caixa Rural, on, en temps de dictadura, els seus companys el van elegir enllaç sindical, bolcant-se en la consecució de millores per al sector. Després es trobaria entre els primers treballadors de Nules, compromesos amb Comissions Obreres, abans de la seua legalització.

Com a militant carlista, ell i la seua família, dona i filles, van participar en diverses activitats polítiques i socials de l’època dictatorial. Va viure amb tristesa l’expulsió i exili de les Espanyes de la família Borbó Parma, que va continuar en contacte amb la militància de l’ interior. També va formar part de la delegació de compromissaris als anomenats Congressos del Poble Carlista, realitzats a Arbonne (França) -on hi eren els Borbó Parma-, entre 1970 i 1971, en plena clandestinitat. El 1976 va ser testimoni dels fets de Montejurra on l’extrema dreta va assassinar a dos carlistes.

Uns mesos més tard, el seu nom va aparèixer en uns pasquins que, abans de la legalització del Partit Carlista, ja anunciaven la presentació al seu poble natal. Aquest fet, de sobtada eixida de la clandestinitat, li va suposar rebre una amenaça per part de l’empresa on treballava perquè la directiva qüestionava la seua militància en un partit d’esquerres.

Acabada la dictadura i després de l’anomenada transició democràtica, mai va deixar de militar en el Partit Carlista i de mantenir les seues conviccions polítiques, religioses i socials. Descanse en Pau, Miquel Monfort.

 

Josep Miralles Climent  (Doctor en Història - Cercle Valencià d’Estudis Carlistes) 

 

 

EN MEMORIA DE UN VETERANO MILITANTE CARLISTA DE NULES: MIQUEL MONFORT

El 23 de octubre de 2012 le hice una entrevista a Miquel Monfort Carratalá para dejar constancia en el archivo del Grup d’Història Local y Fons Orals de la UJI, de su larga vida. La entrevista la realicé en su casa de Nules, cuando contaba 90 años y ya hacía algunos más que sufría una ceguera casi total. Vivía con su mujer, Vicentica y una de sus hijas.

El pasado 18 de enero ya muy tarde, por whatsapp, me enteré por medio de un viejo amigo común, Vicent Goterris, que había muerto. Al día siguiente pude hablar con su hija, Mari, que me confirmó la muerte de su padre producida en su casa. Mantenía perfectas sus facultades mentales, tal vez por eso, le afectó tanto la reciente muerte de su mujer el pasado 9 de septiembre, cuando contaba 91 años.

Miguel, a pesar de su humildad, no era una persona cualquiera. Era viejo militante antifranquista que representó al Partit Carlista del País Valencià (PCV) en los organismos unitarios de oposición en las comarcas del norte de nuestro país. Era, por tanto, persona vinculada al carlismo que evolucionó hacia el socialismo autogestionario en compañía de Don Javier y Carlos Hugo de Borbón Parma, la dirigente valenciana Laura Pastor, y la mayor parte de la militancia más activa del carlismo valenciano.

Miguel había nacido en 1923 en Nules, en el seno de una familia de labradores. A los dos años de edad sufrió la polio, una enfermedad que lo dejó cojo de por vida, lo que le impidió ciertas actividades. Quizá por eso, cuando niño, le gustaba mucho conversar con los viejos del pueblo de los que escuchaba historias vividas. Pocos años más tarde, en 1936, se quedó huérfano de padre. Era gran aficionado a la lectura, pero no pudo estudiar como hubiera sido su deseo. De adolescente sufrió la guerra y la devastación total de su pueblo que quedó entre dos frentes en la llamada Batalla de Valencia. En esta circunstancia se vio obligado con su madre y abuelos a huir refugiados, y lo hicieron hacia Rafelbunyol, donde recordaba que pasaron mucha hambre. Se casó en 1956 con Vicentica, una joven que conocía de la Acción Católica, organización a la que estaba también vinculado debido a su sincera religiosidad que también marcó su vida.

Terminada la guerra, con 16 años se puso a trabajar en la Caja Rural, donde, en tiempos de dictadura, sus compañeros lo eligieron enlace sindical, volcándose en la consecución de mejoras para el sector. Después se encontraría entre los primeros trabajadores de Nules, comprometidos con Comisiones Obreras, antes de su legalización.

Como militante carlista, él y su familia, mujer e hijas, participaron en diversas actividades políticas y sociales de la época dictatorial. Vivió con tristeza la expulsión y exilio de las Españas de la familia Borbón Parma, que se mantuvieron en contacto con la militancia interior. También formó parte de la delegación de compromisarios en los llamados Congresos del Pueblo Carlista, realizados en Arbonne (Francia) -donde estaban los Borbón Parma-, entre 1970 y 1971, en plena clandestinidad. El 1976 fue testigo de los hechos de Montejurra donde la extrema derecha asesinó a dos carlistas.

Unos meses más tarde, su nombre apareció en unos pasquines que, antes de la legalización del Partido Carlista, ya anunciaban la presentación en su pueblo natal. Este hecho, de súbita salida de la clandestinidad, le supuso recibir una amenaza por parte de la empresa donde trabajaba porque la directiva cuestionaba su militancia en un partido de izquierdas.

Terminada la dictadura y después de la llamada transición democrática, nunca dejó de militar en el Partido Carlista y de mantener sus convicciones políticas, religiosas y sociales. Descanse en Paz, Miquel Monfort.

 

Josep Miralles Climent (Doctor en Historia - Círculo Valenciano de Estudios Carlistas)

LA LEY DE “LA CORONA”

 Autor: Arturo Estébanez

 

Hace unas pocas semanas el Vice- Presidente tercero del Gobierno de España, Pablo Iglesias, anunció que solicitaría al Gobierno del que forma parte que elaborara una "Ley de la Corona" con no se sabe qué finalidad y hace unos pocos días el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó a los medios de comunicación que se encontraba en negociaciones con la casa del jefe del Estado para la redacción de una "Ley" que regule la institución de la jefatura del estado y que, teóricamente, "la haga más transparente y moderna". No cabe la más mínima duda de que la redacción que a dicha hipotética "Ley" daría Pablo Iglesias sería muy diferente a la que daría el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pues mientras uno pretendería vaciar la institución de contenido reforzando la Presidencia del Consejo de Ministros, el otro pretenderá reforzarla de alguna manera siendo ambas redacciones extremadamente peligrosas porque podrían falsear aún más el contenido de la Constitución de 1978.

Ahora bien, este debate sobre una posible "Ley de la Corona", que ya se suscitó entre algunos juristas a mediados de los años noventa del siglo pasado, plantea un gravísimo problema de fondo en el que posiblemente el Gobierno, o al menos la parte del gobierno que representa el señor Sánchez, no ha caído y que no es otro que: ¿Cual es la Ley que rige la Sucesión a la Corona española?.

En una forma de estado monárquica, siendo la monarquía, como es, una institución siempre anterior al llamado "Derecho Nuevo" que surge tras la Revolución Francesa; la "Ley de Sucesión a la Corona" o bien forma parte de las modernas constituciones de los estados o bien se incorpora a las mismas de alguna forma, pero en ningún caso se desarrolla a partir de un texto constitucional que es siempre posterior a la institución monárquica. Tal es el caso, por ejemplo, del Reino Unido de la Gran Bretaña, pero de ningún modo es el caso del Estado Español como demuestra el hecho mismo de que se pretenda hacer ahora una "Ley de la Corona" (1).

En realidad, lo que pretende el gobierno que preside Pedro Sánchez es, cuarenta y dos años después de aprobarse la Constitución de 1978, considerar inexistente la histórica "Ley de Sucesión a la Corona" que es anterior al actual texto constitucional en más de dos siglos y elaborar una nueva "Ley de Sucesión a la Corona" lo cual abre una polémica jurídico-política de primer orden y genera más problemas que los que se puede pretender solucionar.

La polémica viene servida porque la figura de la Corona está regulada en el Título II de la Constitución de 1978, la cual dedica dos artículos, el 56 y el 57, a justificar, no ya a la institución monárquica, sino concretamente a la persona que la encarna, en aquel entonces Juan Carlos de Borbón, reconociendo tácitamente que dicha persona es jefe del Estado en virtud de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 27 de julio de 1947 y a su designación directa por Francisco Franco Bahamonde ante las Cortes Españolas, el 30 de julio de 1969. No obstante, en un claro intento de hacer creer que lejos de estar ante una "Instauración" de la monarquía, se estaba ante una "Restauración", se pretendió vincular a Juan Carlos de Borbón con la dinastía histórica al decir expresamente el artículo 57.1 de la Constitución "La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica" (2).

La redacción de este artículo 57.1 de la Constitución de 1978 es un verdadero malabarismo lingüístico-jurídico que pretendiendo hacer huir del fuego a la monarquía encarnada en la persona de Juan Carlos de Borbón la hace caer en las brasas porque al negar lo que es, una Dinastía sentada en el trono por la exclusiva y soberana voluntad del general Franco (por lo que bien podría calificarse de dinastía franquista), la intenta confirmar como la "dinastía histórica" que no puede ser.

Para que Juan Carlos de Borbón fuera realmente el "legítimo heredero de la dinastía histórica", tal y como dice el texto constitucional, debería ofrecer en su persona una continuidad histórica con el escrupuloso cumplimiento de la "Ley de Sucesión a la Corona" decretada por Carlos III, la cual fue gravemente vulnerada en dos ocasiones: La primera en 1832, con los llamados "acontecimientos de la Granja" en virtud de los cuales se privó ilegalmente de sus legítimos derechos al trono a Don Carlos María Isidro de Borbón (Carlos V) haciendo recaer la corona en su sobrina, la infanta Isabel (Isabel II) y sus descendientes; y, la segunda, el 22 de noviembre de 1975, cuando el propio Juan Carlos de Borbón accedió al trono saltándose el orden sucesorio impuesto desde esa primera vulneración de la "Ley de Sucesión a la Corona" y desplazando a su padre, Juan de Borbón y Battemberg (3).

Por su parte, el problema fundamental que planea la supuesta "Ley de la Corona" se encuentra en ¿Como sería esa ley?.

Evidentemente ha de tratarse de una Ley Orgánica que desarrolle y/o puntualice el Título II de la Constitución, pero en ningún caso podrá alterar o modificar lo directamente regulado en el texto constitucional. Es decir, dicha ley no podrá suprimir el privilegio de la Jefatura del Estado a la inviolabilidad ni alterar el orden sucesorio establecido en la Constitución por lo que dicha hipotética ley no aportara nada en cuanto a solucionar las más controvertidas cuestiones sobre la institución de la Jefatura del Estado alejándola además de la, hasta ahora mantenida, teoría de la "Restauración Monárquica" para acercarla más claramente a la figura de "la Instauración dinástico-franquista", al hacer pensar a muchos ciudadanos que, más que ante una monarquía, nos encontramos, simplemente, ante una forma de estado que tiene la peculiaridad de que la Jefatura del Estado es vitalicia y hereditaria adoptando el Jefe del Estado el título de "Rey" como podría adoptar cualquier otro, como el de "Regente" o el de "Caudillo".

(1) La "Ley de Sucesión a la Corona", como cualquier ley, puede modificarse siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos y previstos para su reforma o modificación.

(2) Curiosamente la Constitución de 1978 es la única Constitución Española que menciona expresamente a quién debe ser el titular de la Jefatura del Estado, como si la persona estuviera por encima de la institución y fuera más importante que ésta.

(3) No se puede alegar que la abdicación de Juan de Borbón, el 14 de mayo de 1977, subsana el defecto porque, en primer lugar es posterior a la proclamación como Rey de Juan Carlos de Borbón por las Cortes Franquistas el 22 de noviembre de 1975 y, en segundo lugar, porque al saltarse el orden sucesorio lo que realmente hubo fue una usurpación y conforme a la "Ley de Sucesión a la Corona" de Carlos III, aquel que usurpare el trono pierde todo derecho al mismo por lo que Juan de Borbón no podía abdicar sus presuntos derechos en su hijo Juan Carlos.

FELIPE DE BORBON NUNCA DEFRAUDA… AL RÉGIMEN DE LA TRANSICIÓN

 

Autor: Josep M. Sabater

El mensaje navideño de Felipe de Borbón ha despertado este año más morbo que interés. El ciudadano medio, como es habitual, ya daba por descontada la retórica hueca, la altivez impostada, el ritual pretencioso y la puesta en escena “kitsch” y hortera. La “porra” consensuada socialmente era: ¿hablará de su padre? y, ¿en qué términos? Y el jefe del Estado abordó la situación política y jurídica del emérito pasando sobre ascuas, soltando tinta como un calamar acorralado, y fingiendo que el problema no va con él: “los principios morales y éticos están por encima de cualquier consideración, incluso de las personales y familiares”. Es todo cuanto dijo. Declaración a la cual hay que darle el mismo valor y credibilidad que cuando su padre, “el rey huido”, afirmaba que la “justicia es igual para todos”. Ninguna.

Un periodista como Iñaki Gabilondo, ecuánime, formal y ponderado, y desde un medio de inquebrantable adhesión legalista -el diario “el país”-afirmaba el mismo día 24, refiriéndose a la monarquía vigente, “le digan lo que le digan sus palmeros la institución está tocada”. Y tanto que está tocada: comienza a hacer agua. Y el “emérito” es solo la punta del iceberg de los problemas de la Zarzuela.

La imagen icónica del régimen del 78, el jefe del Estado “a título de rey”, cada vez que comparece ante la opinión pública se aleja imparablemente de una gran parte de la ciudadanía. La brecha no hace más que crecer. Y lo que es peor, su presencia y sus actuaciones polarizan a la sociedad española y la conduce a enfrentamientos y bandosidades cada vez más irreconciliables. El consenso democrático está seriamente dañado. En nombre del “pacto constitucional” y de los “valores democráticos”, con una lectura estrecha y sesgada de la legalidad, no solo se margina a millones de españoles, además, se les culpabiliza y condena como enemigos de la convivencia. No hay diálogo posible.

Si tras el discurso del 3 de octubre de 2018 Felipe de Borbón ya se enfrentó, y estigmatizó, a millones de catalanes -ciudadanos españoles, no lo olvidemos-, dos años después continua su imparable carrera hacía el sectarismo: todos los partidos de las Españas históricas, tanto los que abogan por la secesión como los que proponen fórmulas ampliamente federativas, cuestionan la monarquía franquista. Una parte significativa de la izquierda, con la actuación de don Felipe, también se ve impelida a alejarse de la Zarzuela. Y aunque no hay estudios sociológicos concluyentes -el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) considera irrelevante preguntar sobre la aceptación de la monarquía- está bastante aceptado que los jóvenes españoles consideran a la monarquía vigente una institución obsoleta e inútil. No es solo pasotismo, también beligerancia.

Los “palmeros” institucionales de don Felipe son el PP, VOX y Ciudadanos, unidos por la lealtad monárquica incondicional e inquebrantable. Franquismo sociológico reconvertido. También se suman al coro de apuntalamiento una parte significativa del aparato judicial, que se está convirtiendo en un poder alternativo a las Cortes, y sectores mayoritarios del Ejército, institución donde suenan ruidos de sables y sed de sangre y venganza. Y ante las actuaciones o pronunciamientos de la Justicia y de las Fuerzas Armadas, la Zarzuela en el mejor de los casos calla, cuando no otorga.

Y, ¿el PSOE? Cumpliendo el papel que se le asignó en el tardofranquismo: apuntalando el Régimen. No debemos olvidar que el discurso de Nochebuena del jefe del Estado debe de obtener el plácet del presidente del Gobierno. Los socialistas durante la Transición aceptaron, con pingües beneficios políticos y gremialistas, la continuidad de hecho de la herencia franquista: y la monarquía actual es el exponente más significativo. Pedro Sánchez ha sido contundente: no cuestionaremos la monarquía, forma parte del pacto constitucional. Todo lo más están por retoques del maquillaje.

Pero, hoy por hoy, no existe alternativa posible y articulada al régimen de la Transición. Y, además, una república formal, desde las premisas de la Constitución del 78, tampoco sería la solución. Para nosotros, como carlistas, por razones históricas, políticas y de convivencia democrática debemos de considerar a la monarquía liberal y franquista como inaceptable. Está totalmente periclitada, sin posibilidad alguna de regeneración: si nunca tuvo legitimidad de origen, para nosotros jamás ha podido conseguir algún tipo de legitimidad de ejercicio. Siempre ha sido un instrumento al servicio de las élites dominantes.

Para nosotros el debate no debemos plantearlo en torno a la forma de gobierno. Debemos de formularlo en términos muchos más amplios: desde un consenso democrático que reformule un pacto de Estado entre todas las Españas. Tampoco debemos caer en radicalismos excluyentes: el consenso democrático y federal puede reformularse, si hay voluntad política, desde la actual Constitución, pero no desde una lectura estrecha y legalista, bien al contrario, desde una lectura inclusiva y ampliamente democrática. O bien, desde un proceso constituyente si los partidos, y partidarios del Régimen, se niegan a cualquier posible diálogo.

Y tenemos que dejar bien claro a la opinión pública que nuestro rechazo a la actual monarquía no lo hacemos desde una pleito dinástico, de una disputa por la Corona de familia a familia. No, los carlistas no planteamos un pleito dinástico, planteamos un pleito democrático y de consenso desde la pluralidad nacional de las Españas.