“pretendiendo salvar vidas sin perjudicar a la economía, han conseguido destruir la economía sin salvar vidas”
Autor: Arturo Estábanez
Hace unos meses denunciábamos "la defunción del Régimen de 1978" cuando el Gobierno de Coalición PSOE-PODEMOS obtenía del Congreso de los Diputados la prórroga del "Estado de Alarma" decretado por el Real Decreto 926/202 de 25 de octubre hasta el 9 de mayo de 2021, porque entendíamos, y entendemos, que conforme a la vigente legalidad constitucional, tal estado, no podía durar más de quince días prorrogables sucesivamente por periodos quincenales, previa autorización del Congreso de los Diputados debiendo estar constantemente sometido al control del parlamento; todo ello conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de Junio reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio. Además, esta medida de prorrogarlo quincenalmente resulta de lo más lógica considerando que estando previsto el "estado de alarma" para circunstancias excepcionales, tales circunstancias siempre son cambiantes y ello conlleva a que el contenido del estado de alarma pueda ser también cambiante y flexible.
Pasados casi tres meses desde que se instaurase el "estado de alarma" el 25 de octubre de 2020, el Gobierno no solo no ha acudido en ningún momento al Parlamento a rendir cuentas de la gestión del mismo, privando al Congreso de los Diputados, al parecer con cierta complacencia de éste por su pasividad, de su función legal de control y evolución del estado de alarma, sino que además ha delegado su aplicación en las Comunidades Autónomas lo cual es manifiestamente ilegal ya que conforme el artículo 7 de la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de Junio "A los efectos del estado de alarma la Autoridad competente será el Gobierno o, por delegación de éste, el Presidente de la Comunidad Autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad"; como el estado de alarma decretado el 25 de Octubre de 2020 alcanza a todo el territorio nacional la única autoridad para aplicar el mismo es el gobierno, no cabiendo su delegación en los presidentes autonómicos.
Dejando a un lado la legalidad o ilegalidad del vigente estado de alarma y la cuestión de si las medidas restrictivas del derecho de reunión que se están adoptando puedan tener cabida en él, o solamente en los estados de excepción o sitio, lo que a estas alturas deberíamos plantearnos es si este estado de alarma está dando resultados positivos o no.
Si el objetivo del Estado de Alarma cuando se prorrogó su vigencia, el 29 de octubre pasado, era evitar la expansión de la pandemia y doblar la curva de contagios cuya tasa de incidencia acumulada a catorce días se encontraba ese mismo día en 468 casos por cada cien mil habitantes, resulta evidente que no se ha logrado pues, a fecha 14 de enero de 2021, nos encontramos con una tasa de incidencia acumulada a catorce días de 482 casos por cada cien mil habitantes, es decir, mayor a la existente en el momento de decretarse el estado de alarma. Así pues, las medidas adoptadas, que han consistido en limitar la circulación de los ciudadanos a determinadas horas del día y en un supuesto cierre perimetral de determinados municipios y Comunidades Autónomas, no han dado el resultado deseado por lo que el estado de alarma se está revelando como una incomodidad inútil, máxime cuando en cada Comunidad Autónoma las medidas que se adoptan son diferentes y constantemente cambiantes lo que produce desconcierto e inseguridad jurídica entre la población.
Por otra parte, resulta extremadamente raro, y absolutamente incomprensible, que en el mes de marzo de 2020 se decretase un confinamiento total de la población en sus casas, cuando la incidencia acumulada el día 20 de marzo de 2020, cuatro días después de acordarse dicho confinamiento, era de 62 casos por cada cien mil habitante, mientras que a fecha 31 de diciembre de 2020, dos meses más tarde de decretarse el actual estado de alarma, la incidencia acumulada alcanzaba los 236 casos por cada cien mil habitantes, llegando a ser la citada tasa acumulada el día 18 de enero de 2021 la de 689 casos por cada cien mil habitantes.
Con estos datos surge la gran cuestión del por qué se decretó el confinamiento total de la población en marzo del año pasado, y no se hace ahora a pesar de haber sido solicitado por varios presidentes autonómicos y por varias autoridades científicas y médicas, máxime cuando un confinamiento breve, de un mes como máximo, acompañado de un incremento de la vacunación podría dar excelentes resultados en la batalla por salvar vidas, afectando muy poco a la economía pues ésta ya fue prácticamente destruida en el confinamiento de marzo a junio del año pasado, y sigue siendo dañada con las medidas restrictivas que imponen determinadas autonomías y que, como indican los datos de contagios, no están dando los resultados supuestamente deseados.
El confinamiento domiciliario es una medida drástica, molesta y que hace poca o ninguna gracia a los ciudadanos; es decir, es una medida impopular que evidentemente no quiere tomar el gobierno por las consecuencias políticas que la misma podría generarle en unas futuras elecciones por lo que ha desertado de su autoridad y de sus obligaciones traspasando el problema a unas Comunidades Autónomas que solo pueden tomar medidas dentro de los estrechos márgenes que marca el Real Decreto 926/202 de 25 de octubre, que en ningún caso comprende el confinamiento total en domicilio y, de hecho, ni siquiera pueden limitar la libre circulación de las personas fuera de los márgenes horarios establecidos en el Real Decreto y que va de las 23.00 a las 7.00 horas.
El actual estado de alarma, tan solo obedece a una operación de ilusionismo político con la que se pretende hacer creer a la población que se está haciendo algo por salvar vidas cuando realmente no se está haciendo. Algunos podrán argumentar que lo que se está intentando hacer es salvar vidas sin perjudicar demasiado la economía, pero lo cierto es que la economía ya resultó dañada gravemente en el confinamiento de marzo a junio pasado y, en el caso de algunos importantes sectores económicos, continúa siendo gravemente perjudicada con las limitaciones horarias y de aforos por lo que solo se puede concluir que, dada la situación real, el actual estado de alarma está resultando ser inútil… o que está ideado y gestionado por unos inútiles que, pretendiendo salvar vidas sin perjudicar a la economía, han conseguido destruir la economía sin salvar vidas.
