EL PUEBLO CRISTIANO, LOS OBISPOS ESPAÑOLES Y EL PAPA FRANCISCO

   

Josep M. Sabater

 

Nosotros, los carlistas, como ningún otro colectivo sabemos diferenciar la distancia que media entre las conductas y las opiniones del pueblo cristiano -de los creyentes- y las actitudes y pronunciamientos de la jerarquía eclesiástica -“el alto clero”- en nuestro caso concreto de la Conferencia Episcopal Española. Tenemos claro que el mensaje evangélico del amor fraterno, la apuesta de Cristo por los humildes, los desheredados, los pobres y los perseguidos, “los que tienen hambre y sed de justicia”, junto con la denuncia de los hipócritas y fariseos, “los sepulcros blanqueados”, no siempre se refleja en los mensajes de los obispos españoles. Los carlistas conocemos como nadie el silencio de la jerarquía eclesiástica, el mirar para otro lado... Sabemos de la connivencia de los obispos con las élites económicas, políticas, mediáticas… Pero también sabemos que las opiniones y las conductas de los dirigentes de la Iglesia española no siempre refleja el sentir de una gran parte del pueblo cristiano, de los creyentes de base, de todos aquellos que creen en el mensaje de Cristo y viven, o intentan vivir, en los valores evangélicos de la honradez y la solidaridad.

Hace escasos meses, nosotros, los carlistas, sufrimos en nuestras propias carnes la arbitrariedad de la jerarquía eclesiástica. Fieles a la tradición secular de la jura de “els Furs” del pueblo valenciano por los reyes de la casa de Valencia, interrumpida por el centralismo jacobino, se programó renovar y actualizar aquel ritual en el mismo lugar, la Catedral de la ciudad de València, y con la misma fórmula protocolaria que se estableció durante los siglos de vigencia foral. Esta solemne y austera ceremonia la iba realizar el titular de la Dinastía, Don Carlos Javier de Borbón-Parma, en la capilla del Santo Grial de la Seo valentina. De todos es conocida la prohibición del acto por parte del cardenal Cañizares, arzobispo de València, o en su defecto por el cabildo catedralicio. Aquella injusta interdicción no surtió ningún efecto, y más bien sirvió para publicitar y amplificar el acto de la Jura. Todos cuantos asistimos y participamos en la celebración ecuménica de aquella Eucaristía -la inmensa mayoría creyentes- no solo reprobamos la prohibición de monseñor Cañizares, además seguimos adelante con el ritual de la jura, una vez que los celebrantes se retiraron del recinto. Nadie, ni uno solo de los asistentes a la misa se ausentó de la capilla cuando dio comienzo la transgresora ceremonia del juramento. Todos los congregados fuimos testigos del compromiso de Don Carlos Javier con las libertades del pueblo valenciano, y por tres veces lo aclamamos como Rey de Valencia. Aquella arbitraria y absurda decisión de la jerarquía eclesiástica fue ignorada y desobedecida. Por nuestra parte no hubo ni arrogancia ni provocación, solo nuestro derecho, como valencianos, carlistas y creyentes, de cumplir con decisión, pero respetuosamente, con nuestro compromiso y ser fieles a nuestros ideales.

El pasado 4 de agosto se hacía público un comunicado de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. “Ante la noticia de la salida de España de S.M. D. Juan Carlos I, quiere expresar el respeto por su decisión y el reconocimiento por su decisiva contribución a la democracia y a la concordia entre los españoles. También quiere manifestar su adhesión y agradecimiento al actual Rey por el fiel cumplimiento de los principios constitucionales y su contribución a la convivencia y bien común de todos los españoles”. Nada que decir sobre la corrupción, la evasión de capitales, el enriquecimiento ilícito y el fraude fiscal; y el derroche, el lujo desmedido y la depravación moral -para la conciencia de un cristiano- del “emérito”.

Tras la lectura de este comunicado de los obispos, en plena y total sintonía con otros comunicados similares hechos públicos por los herederos políticos del franquismo, se puede entender la prohibición, por parte de la jerarquía eclesiástica valenciana, de la jura de “els Furs” por Don Carlos Javier de Borbón-Parma.

El Papa Francisco, en noviembre de 2013 y durante una misa que celebró ante una treintena de personas, señaló en la homilía: “la corrupción es un pecado grave y una pendiente resbaladiza en que la gente podrida se hunde cada vez más. La doble vida de un cristiano hace mucho daño, mucho daño. Al cristiano de doble vida que dice “¡Yo soy un benefactor de la Iglesia! Meto la mano en mi bolsillo y hago donativos a la Iglesia”. Pero con la otra mano roba al Estado o a los pobres… ¡roba! Y merece -lo dice Jesús, no lo digo yo- que le aten al cuello una rueda de molino y lo echen al mar. Jesús no habla de perdón aquí. Pecadores lo somos todos, pero en cambio no podemos ser corruptos. El corrupto intenta engañar, y donde hay engaño no está el espíritu de Dios”. El mensaje del Pontífice está bien claro: al pecador arrepentido se le debe perdonar, al corrupto no. Y mucho más cuando se proclama cristiano para encubrir la corrupción, el fraude y la injusticia.

Todavía no está confirmada oficialmente, pero a primeros del próximo mes de octubre, el Papa Francisco hará pública la tercera encíclica de su pontificado. Está basada en la crisis provocada por el coronavirus. La denuncia de la desigualdad social, el hambre, el aumento de la brecha entre los más ricos y los más pobres y el drama de la guerra y los refugiados, serán tratados a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Para la redacción de este documento, escrito personalmente por el Santo Padre, se han recabado las opiniones de líderes sociales y de dirigentes religiosos. Los carlistas, como colectivo político integrado mayoritariamente -pero no exclusivamente- por creyentes comprometidos, tenemos la obligación y el deber de hacer llegar al Papa Francisco, con veneración, humildad y respeto, nuestro análisis y nuestras propuestas. Estamos a tiempo.

NO TODOS SOMOS COMPLICES DE LA HERENCIA FRANQUISTA

 

Autor: Josep M. Sabater

Que la Iglesia y el Ejército se pronuncien en halagos a favor de Juan Carlos de Borbón no es noticia significativa. Dos rancias y seculares instituciones de la historia y de la actual realidad social española, que detentan un poder fáctico que va más allá de sus funciones.

Para la Iglesia, para la Conferencia Episcopal Española, la magnitud del pecado no radica en la conducta del pecador, se establece en función del rango y la significación social del sujeto. Lo comprobamos con la pederastia -uno de los vicios más nefandos para Cristo- que era tanto más encubierta, y hasta disculpable, según se ascendía en el escalafón jerárquico eclesial. Es lógico, por tanto, que los obispos españoles miren para otro lado ante las supuestas prácticas corruptas y el enriquecimiento ilícito del anterior jefe del Estado, y ensalcen sus (también supuestas) aportaciones a la convivencia y a la democracia, es decir, la Iglesia depende económicamente del presupuesto público. Y cualquier cambio en el sistema podría poner en peligro la generosa financiación de la Iglesia Católica.

No es tampoco de extrañar la actitud exculpatoria de Juan Carlos por una parte significativa del glorioso ejército español. Una institución tan unida siempre a pronunciamientos, golpes de estado, represiones… y tan estrechamente unida al franquismo. Es hasta lógico y normal que defiendan la herencia institucional de la Dictadura, les va en ello el honor -su interesado concepto del honor- su estatus y hasta sus emolumentos. Los otros valores castrenses: la defensa de la convivencia democrática, el respeto a la voluntad popular, la disciplina, la lealtad, el patriotismo; aquí y ahora son referencias que no cuentan.

Que Rodolfo Martín-Villa, José Ignacio Wert o Esperanza Aguirre salgan en defensa del heredero del franquismo tampoco es ninguna sorpresa. Y en el caso de Martín Villa, que tiene en su haber evidentes implicaciones por los sucesos de Vitoria de 1976 y de los sanfermines de 1978, entre otros asesinatos, tiene una trayectoria pública con grandes similitudes con el anterior jefe del Estado. Comienza su carrera política en el régimen franquista, se acomoda a la democracia y pasa, como una gran parte de la clase política, a desarrollar negocios privados valiéndose de las “puertas giratorias”. Y con respecto a la represión y a los asesinatos del franquismo y del postfranquismo, convendría recordar la presencia de Juan Carlos en el balcón de la plaza de Oriente, junto al general Franco, en aquel macabro aquelarre convocado tras las ejecuciones del 27 de septiembre de 1975.

¿Y la defensa por parte de Alfonso Guerra del “emérito”? Tampoco es de extrañar. Durante los años de la Transición, el entonces números dos del PSOE, negoció la aceptación de una parte de la herencia franquista -la monarquía en primer lugar- a cambio del silencio y la colaboración política del PSOE. Aceptación que tuvo como consecuencia la rendición, más o menos incondicional, del resto de los partidos democráticos y antifranquistas: el reconocimiento por el entonces poderoso aparato del PCE de la bandera bicolor y de la monarquía son la imagen paradigmática de aquella rendición. Y los carlistas también nos vimos impelidos a aceptar aquella Constitución, que ha acabado convirtiéndose, en muchos aspectos, en una camisa de fuerza para los valores democráticos.

Un escrito firmado el pasado 7 de agosto por una veintena de carlistas recordaba la actitud del PSOE durante la Transición democrática: “el partido de Felipe González y Juan Carlos de Borbón fueron los grandes beneficiarios de la descomposición del franquismo”…/… “la monarquía franquista y el PSOE se protegen mutuamente”. La desvergüenza de Alfonso Guerra lleva a identificar la Constitución con la monarquía franquista: “cuando se intenta atacar al Rey se está atacando en realidad la Constitución”, lo que lleva a convertir a la Constitución en una Ley Fundamental del Franquismo, y no en un texto que garantice los derechos democráticos, la convivencia ciudadana y la transparencia institucional. La Constitución sirve como instrumento jurídico para avalar las prácticas corruptas y el saqueo público.

Contrastan están actitudes con las declaraciones de Iñaki Gabilondo. El veterano periodista ha tenido la humildad y el coraje de reconocer el encubrimiento que los medios de comunicación han tenido, durante décadas, con las presuntas conductas delictivas de don Juan Carlos: “me siento avergonzado. Encima todo esto ha abierto un capítulo de vergüenza que ha degradado a mi generación públicamente”. Aun valorando la sinceridad de Gabilondo, consideramos que no nos basta con entonar un “mea culpa”. Hay que resarcir a los ciudadanos de la manipulación sufrida, del secuestro de la información, del engaño planificado, de la colaboración con un sistema corrupto. Iñaki Gabilondo, junto con otros profesionales de la información a los que suponemos honrados, deberían proceder a desenredar los turbios manejos de la clase política i/o empresarial desde los comienzos de la Transición, empezando por la propia jefatura del Estado. Hay que poner en marcha un vasto proceso de periodismo de investigación y denuncia. Por la salud democrática del país, por ética profesional y para resarcir a los ciudadanos del engaño consentido. Pero la valentía de Gabilondo tiene también su punto vulnerable: si se siente cómplice, que asuma sus responsabilidades, y que no se dedique a escampar tinta, por qué no todos hemos sido cómplices del latrocinio y de la escandalosa conducta de don Juan Carlos y de una gran parte de la clase política. No, los carlistas no somos, junto con millones de honrados y respetables ciudadanos, ni cómplices, ni responsables. Fuimos marginados en su momento del banquete de la democracia. Y ahora nos sentimos con fuerzas y con autoridad moral para reclamar el fin de la monarquía franquista, liberal y corrupta. Y caerá.

Carlismo, Juancarlismo y siglo XXI

 

Autor: Carlos Roldan López; publicado en “La Tribuna delPaís Vasco”

No sé si hay monárquicos en España. No sé si quedan partidarios de la herencia familiar de la Jefatura del Estado ni tampoco sé si quedan partidarios de la obediencia al Rey. Los monárquicos juancarlistas fueron traidores a alguna ideología: al franquismo, al socialismo o al republicanismo, en función de la ideología que dejaron por pactar con Don Juan Carlos. Y habría que incluir en este grupo a los propios monárquicos que nunca perdonaron que se saltara a su padre y comprometiera a la Corona con el franquismo.

Para la mayoría de los españoles siempre fue algo aceptable, siempre que se desposeyera de todo poder, lo cual no es precisamente fervor monárquico.

En cualquier caso, a los posibles casos de conducta irregular del Emérito tras su reinado sobre los que nos puso en órbita su hijo (hasta ese comunicado de la Casa Real, Corinna y Villarejo nunca fueron creíbles) se unen dos hechos indiscutibles: la Monarquía juancarlista no tenía la legitimidad de herencia familiar -le pasó por encima a su padre sin consentimiento de éste a través del acuerdo con Franco- y tampoco tiene la legitimidad popular porque nunca fue objeto de elección a través de sufragio.

Sin embargo ironías de la historia, si que habría una “salida monárquica” que cumpliría ambos requisitos: el heredero al trono Carlista.

Don Carlos Javier de Borbón y Parma es el heredero de los derechos dinásticos de Don Carlos Hugo de Borbón y Parma, del que hoy 18 de Agosto se cumple el aniversario de su muerte.

Para aquellos que creen en la sucesión hereditaria como tal, es indudable que los Carlistas tenían razón y Fernando VII cometió una ilegalidad al retirar al ya constituido heredero sus derechos dinásticos. En este sentido Don Carlos Javier es heredero legítimo.

O al menos puede defender, como mínimo en plano de igualdad con la dinastía actual, su legitimidad.

Pero, además, a diferencia del juancarlismo, los Carlistas se niegan a recibir sus derechos dinásticos sin el refrendo mayoritario del pueblo español, es decir, no permitirían lo que se permitió en la actual Constitución. En este caso, procede recordar lo que ya advirtió Suárez, acerca de que no convocaba referéndum porque perdían.

En este sentido, la “Monarquía Social” de la que hablan los Carlistas (Fueros, Rey, Democracia y Derechos Humanos) se me antoja mucho menos anacrónico que la extraña sucesión juancarlista, jalonada de problemas dinásticos, cambios de camisa, y ahora de rumores (quiera Dios que falsos) sobre la honradez del Emérito.

Quizás habría que mirar a este lado de la Historia, precisamente para salvar la Monarquía… si es que quedan monárquicos en España.

Comunicado de Don Carlos Javier de Borbón Parma por el X aniversario del fallecimiento de Don Carlos Hugo

 

 

Queridos Carlistas:

El 18 de agosto de 2020 se cumple el X aniversario del fallecimiento de mi querido e irrepetible Aitá, Carlos Hugo.

Mis hermanos y yo recordamos cada detalle de sus últimos meses en Barcelona, sufriendo “físicamente” por la enfermedad pero con una esperanza cristiana sincera y a la vez soñadora por el futuro.

Falleció en Barcelona como siempre quiso vivir, rodeado de su familia y de los carlistas. Su vida sin el compromiso carlista no es comprensible.

Desde el año 1957, año en el que acudió por primera vez al tradicional acto de Montejurra/Jurramendi, se enamoró y vinculó personalmente con la causa carlista y con la justicia social que implícitamente conlleva y que siempre defendió.

Asimismo, durante los largos años de lucha contra la Dictadura Franquista descubrió la pasión y la entrega absoluta del Pueblo Carlista para con su Dinastía Legítima y con las libertades.

Aita me transmitió su legado histórico y su compromiso político inculcándome la responsabilidad que nuestra Familia tiene con las Españas y en especial con el Pueblo Carlista. Mi padre, Carlos Hugo, hubiese sido un buen Rey para los españoles.

Por ello, soy muy consciente de mis deberes, y en este sentido he actuado desde el año 2010 acompañando al Pueblo Carlista y trabajando coordinadamente con él para seguir proponiendo alternativas a los desafíos que presenta actualmente nuestras Españas. Para cumplir este compromiso he recibido el apoyo y colaboración constante de mi hermano Jaime, de mis hermanas Margarita y Maria Carolina y de mis queridas tías María Teresa, Cecilia y María de las Nieves.

Este es el legado que transmitió nuestro padre y es mi compromiso personal con la colaboración inestimable y permanente de mis hermanos, el impulsarlo a la próxima generación, que encabezada por mi hijo el Príncipe Carlos Enrique deberá continuar el proyecto de libertades y justica social en todos los ámbitos posibles de actuación: España, Europa, Hispanoamérica y en general en todo lugar donde podamos contribuir con nuestros principios…

No quiero dejar pasar esta oportunidad sin recordar a nuestra querida tía María Teresa, fallecida en París el pasado mes de marzo, víctima de la COVID-19. Otro gran ejemplo para nuestra generación. Ejemplo de entrega absoluta por los otros y propuesta vital centrada en la búsqueda de soluciones justas y sociales para los pueblos.

Para todos vosotros, un fuerte abrazo, en la esperanza de que junto con mis hermanos podamos encontrarnos el próximo mes de noviembre en Tarragona en la Festividad de la Dinastía Legítima.

En La Haya, 18 de agosto de 2020

Carlos Javier de Borbón Parma

A los 10 años de su muerte: CARLOS HUGO DE BORBÓN PARMA. IN MEMORIAM

El 18 de agosto de 2010 fallecía en Barcelona, a los ochenta años, Carlos Hugo de Borbón Parma, jefe de la Dinastía, ex-presidente del Partido Carlista y Duque de Parma. Más allá de las celebraciones religiosas programadas, desde CARLISMO DIGITAL rendimos un homenaje a su figura y a su memoria con una selección de textos de su pensamiento político.

Carlos Hugo: rey, presidente, abanderado, militante, luchador, compañero, amigo, nuestro mejor recuerdo es continuar tu lucha, recordando tu ejemplo y sacrificio. DEP.

Artículo de Jean Mac Donough, en el diario «New York Herald Tribune» (1966)

El Príncipe Carlos Hugo representa una fuerza no comprometida que se opone a ciertas ideas políticas del actual régimen. Pide un Gobierno democrático para España, la descentralización del Gobierno, sindicatos libres, una completa reforma social, y se muestra a favor de las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y los países socialistas del Este, de los que está separado desde la guerra civil. En resumen, el príncipe pide una revisión de todo el sistema político español.

Palabras en el I Cursillo de la Juventud, en Pamplona (1968)

El mundo occidental tiene libertad de hablar, pero no de actuar. El mundo occidental no tiene democracia. El hecho de votar cada cinco años es algo de libertad, pero muy poca libertad. Me llaman la atención muchos demócratas, muy demócratas y muy cristianos, que hablan continuamente de libertad pero le tienen verdadero pánico. Y les sorprende que yo no lo tenga. Yo no tengo ningún miedo a la libertad.

Discurso en Valvanera (1968)

No hay justicia si no se escucha a la gente, no hay justicia cuando el que decide solamente tiene la espada en la mano. Entonces en vez de justicia es opresión.

Mensaje de Montejurra (1974)

La autogestión de la economía supone, no solo la gestión democrática en el seno de la empresa, sino además la autogestión de la planificación económica global, es decir, de todo el sistema productivo. Sirve, en efecto, de poco, pensar en la gestión democrática a nivel de empresa, si la economía en su conjunto, escapa al control de los trabajadores, si la orientación global de los medios de producción no está en sus manos.

Palabras a la Junta de Gobierno del Partido Carlista con motivo de la abdicación de Don Javier (1975).

La nueva sociedad que queremos construir necesita de este apoyo del pueblo español porque es una sociedad basada sobre un concepto global de la libertad que pretende realizarla tanto en el plano individual como en el social; sobre un concepto global de la democracia, porque busca superar la simple elección para alcanzar una democracia de participación; global de la representación porque pretende realizarla simultáneamente en el campo ideológico, socio-económico y regional. Todo ello para llegar a una sociedad a la vez pluralista, federal y socialista.

Comunicado político en la conferencia de prensa mantenida en París el 10 de julio de 1975

No puede crearse la unidad si no es por el camino de la libertad, por el acto voluntario de federarse.

Declaración en el aeropuerto de Barajas (1976)

Vuelvo para cumplir el compromiso que mi familia tiene con España. Vuelvo para ponerme directamente al servicio de la sociedad española y de cada uno de los pueblos y nacionalidades que se debaten para alcanzar su libertad y autonomía dentro de una España Federal. No vengo a plantear ningún pleito dinástico, pero tampoco me propongo renunciar a ninguno de los derechos y deberes que me corresponden. Considero que hoy solamente existe un pleito entre la sociedad y la clase dominante que ejerce el poder autoritariamente. Resuelto este pleito será el Pueblo quien determine (...) en un proceso libre y autogestionario, el que decida aquella forma que mejor corresponda a sus ansias socialistas y democráticas.

Declaración de sobre la unidad (1976)

El Carlismo, por mucho que algunos se empeñen, siempre ha formado un solo cuerpo. En torno a los valores permanentes que se han ido expresando y plasmando según las épocas, los tiempos y las circunstancias se ha mantenido unido el Carlismo. Estos principios que son las esencias espirituales, la libertad de la persona, las libertades de los pueblos, nuestra Patria como federación de los pueblos que componen el Estado Español, los principios socialistas de igualdad y libertad en lo económico y en lo social, la unidad en torno a la dinastía como institución eje para garantizar nuestra continuidad, son los conceptos revolucionarios y democráticos que el Carlismo ha mantenido en el transcurso de toda su existencia y por los que tantos han dado su vida y sus bienes. Ésta es la unidad del Carlismo. No puede haber otro Carlismo. Fuera de esta línea ideológica ya no se puede llamar carlista. Es el Pueblo quien en su dinámica política a través del Pacto con la Dinastía ha determinado esta línea y la mantiene viva día a día. Los esfuerzos para mantener esta unidad en la lucha por la libertad y la democracia representan el plebiscito cotidiano que hace el Carlismo de su propia ideología. Esta es la unidad del Carlismo, por mucho que intente la clase dominante presentarlo dividido con torpes maniobras.

Discurso en Sant Miquel de Cuixà (1976)

Solamente el socialismo permitirá devolver a la sociedad el poder económico que detenta el capitalismo. Devolverá a la sociedad el poder de autogobernarse. La autogestión de los pueblos es el federalismo con el socialismo. Es la capacidad de autodeterminarse, es la libertad comunitaria de las comunidades.

Testamento político (2010)

A nuestra generación le ha tocado la clarificación ideológica del Carlismo, la expresión moderna de sus aspiraciones históricas, fueristas y socialistas y participar con otras fuerzas progresistas en la transición democrática. Junto a mis hermanas Mª Teresa, Mª Cecilia y Mª de las Nieves, junto a mi esposa Irene de Holanda y con todos los militantes que nos secundaron, hubo que convertir a esta antigua fuerza popular en un partido moderno y progresista, luchando contra la dictadura franquista en el largo camino hacia la democracia.

Comentarios sobre el escrito, “CUANDO LA MONARQUÍA FRANQUISTA Y LIBERAL ES EL SISTEMA”

 

 

Publicado en Carlismo Digital el 7 de agosto de 2020, firmado por veinte carlistas (10 del País Valencià, 4 de Castilla, 3 de Catalunya, 2 de Euskal Herria y 1 de Asturies). Encuentro a faltar a militantes de otras naciones.

En primer lugar debo felicitar a el/los redactores por este artículo. Se ha lanzado en el momento oportuno a pesar de que durante el mes de agosto todo se complica y es más difícil localizar a carlistas dispuestos a dar su firma. Como he dicho, encuentro a faltar a muchos de ellos, por cierto, ¿han sido informados en general? En mi caso fue en el último momento gracias a un buen compañero y me consta que otros muchos no han tenido ninguna noticia. El artículo es claro, y muy entendible, se podía haber redactado de muchas formas y maneras pero considero que el resultado es bueno y se ajusta a la realidad de este desaguisado permanente que son el huido y su extensa familia, a parte de sus amistades, según parece, de los cinco continentes.

En el segundo párrafo encuentro muy poco apropiado la calificación de “cachondeo institucional” expresión que podía haber sido substituida por cualquiera de los 39 sinónimos o más que hay en un diccionario. El estilo utilizado en este caso es, a mi parecer, más propio del castellano malsonante que el que debe utilizarse en un artículo con un contenido de este calado.

Más abajo, en el capítulo dedicado al carlismo, muy bien relatado, concretamente en el primer párrafo, se encuentra la frase “que tiene como referencia a una dinastía comprometida con un pacto con el pueblo”. Se refiere, claro está, a este pacto que nos distingue desde siempre del común de los demás partidos políticos y nos honra como carlistas y como personas. No obstante, a mi parecer, esta referencia no contiene ningún interés para el referido artículo. Si se trataba de presentar este compromiso ante el magro papel de los “otros”, se podía haber buscado un lugar más apropiado. Las comparaciones en este caso solo sirven para los conocedores del asunto, pero no para la inmensa mayoría que no nos conoce, Así pues, parece que solo nos dirigimos a los primeros.

Y por lo que atañe al párrafo mencionado y al que dice “Y con la Dinastía, como abanderada de la Causa y como referencia y símbolo de nuestra lucha”, debo hacer algunas consideraciones.

Primera, en este artículo o en cualquier otro hacer mención de alguien para construir un escrito puede llevar a interpretaciones subliminales, con la gravedad que esto representa, si nadie ha sido previamente enterado. ¿Se ha consultado o por lo menos informado de su contenido, a quien le corresponde? ¿Existe una aceptación, ni que sea tácita, del mismo? Es decir, hablar sobre alguien, aunque sea de paso, en un tema como el que se está tratando requiere de unas gestiones previas, nunca a toro pasado, y por mis informaciones no hay nada de esto. Segunda, situar en el mismo artículo, a los legítimos y a los que no lo son es muy arriesgado, y puede llevar a confusión puesto que para la ciudadanía de nuestras naciones, poco o nada informada de este tema, todos son parientes, con lo que el “símbolo”, siendo cierto, debería quedar ampliamente demostrado para todos antes que convertirlo en quizás un boomerang innecesario. Y tercera, en la “referencia de nuestra lucha”, muy interesante por cierto, quien ha estado siempre en primera línea ha sido el Partido Carlista, que ha mantenido y continuado durante más de 187 años su compromiso con la identidad de los pueblos, las mejoras sociales, la democracia y muchos otros a pesar de los abusos de las estructuras estatales mal empleadas por los gobernantes de turno. No nos confundamos.

Estar de acuerdo con un artículo, comunicado, etc… es prácticamente imposible, pero he preferido hacer estas exégesis, con el máximo respeto a quien/es lo han redactado, como muestra de mi parecer y del interés y la actualidad que atesora. De aquí viene mi firma incondicional. Y repito la felicitación a el/los redactor/es de este artículo. Con este y muchos más, al carlismo nadie lo esperará, estaremos.

Amunt carlins!

Francesc-Xavier Carbonell i Margenat

Militante del Partit Carlí de Catalunya

Miembro de la A.T.C.C. (Agrupació Territorial Comarques Centrals de Catalunya)

LA SAGAZ FUGA DE J.C.

 

Desde hace una semana y como si fuera el número uno de "Los Cuarenta Principales" no se habla de otra cosa en los medios de comunicación que de la fuga, huída, retirada, espantada o como la queramos llamar protagonizada por el ex-Jefe del Estado a Título de Rey, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien, a pesar de sus aficiones marineras, ha hecho tabla rasa de aquella náutica tradición que dice que el capitán ha de ser el último en abandonar el barco para adoptar la costumbre taurina de "tomar el olivo" y, emulando al comandante de aquel buque italiano naufragado en 2012 de nombre "Costa Concordia", seguir "sirviendo a España" desde cientos o miles de quilómetros de distancia.

La precipitada salida de nuestro país del ex-jefe del Estado a Título de Rey no supone una crisis de la monarquía sino que constituye la prueba definitiva no ya de la crisis y decadencia del Régimen Político de 1978 sino de su total degeneración en la que, como ya ocurrió anteriormente con el homólogo régimen de "La Restauración" (1875-1931), asistimos a un "todos contra todos" en lo que menos importa es construir o reconstruir un estado y servir al bien común, siendo lo únicamente importante la salvaguardia de los intereses particulares de las diversas castas (política, mediática, institucional...) que han hecho de nuestro país, su cortijo particular, del erario público, su caja privada y del orden Constitucional vigente, su modus vivendi.

El hecho de que don Juan Carlos, al igual que hizo en 2014 cuando abdicó, no haya dado ningún tipo de explicaciones a los españoles y haya abandonado el país con una simple carta particular dirigida a su hijo y actual Jefe del Estado a Título de Rey, que es quién ha hecho pública la privada misiva, constituye una clara muestra de desprecio y falta de consideración hacia el pueblo español de quien ha sido, durante casi cuarenta años, su máximo magistrado; pero que el Jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa ofrecida al respecto, haya manifestado que "no sabe donde se encuentra el ex-Jefe del Estado", cuando éste ha tenido y tiene la consideración y tratamiento de "Rey Emérito" la cual, aunque es un concepto extremadamente raro y atípico en cualquier constitución política, denota el desempeño de ciertas funciones públicas es desde luego muestra evidente de la descomposición en la que se encuentra el Estado Español que, cual castillo de naipes, se mantiene en pie porque nadie viene y sopla, o por lo que es lo mismo, por la desidia, estupidez e incultura del pueblo que lo sufre.

Durante los últimos cuarenta años, Juan Carlos de Borbón habrá tenido innumerables amantes que le hemos pagado entre todos, habrá gozado de una inviolabilidad, en la que nadie o muy pocos han reparado en todo este tiempo y que le situaba por encima de todas las leyes humanas al trascender la figura jurídica de la simple "inmunidad" y entroncar con la antiquísima doctrina del Derecho Divino de los Reyes (1) y, también, habrá hecho una gran fortuna utilizando todo tipo de métodos, no todos ellos dignos, limpios, legales o morales; pero no por ello tenemos que olvidar que, si tal cosa hizo, fue con el apoyo, la complicidad y el encubrimiento de los distintos miembros de la casta política, empresarial y mediática que no permitían la más mínima crítica, cerraban filas en torno a él, le agasajaban en todo momento riéndole las gracias y guardaban en los cajones de sus redacciones las numerosas y escandalosas noticias que les llegaban a las mismas, al tiempo que organizaban enormes campañas propagandísticas, orquestadas desde el poder político, para blanquear y ensalzar su figura. Ahora parece olvidarse todo aquello, apareciendo Juan Carlos de Borbón como el único malo, malísimo, de la película cuando en realidad se ha convertido en el muñeco del Pim, Pam, Pum... de esta verbena que es el régimen político español de 1978 y al que todos los actores políticos y mediáticos tiran piedras a fin de aparecer ante la opinión pública como los más puros, limpios y honestos y sacar partido de la situación cuando en realidad, sin su colaboración y complicidad, no se habría llegado al insufrible estado de cosas en que nos encontramos.

Juan Carlos de Borbón se ha fugado haciendo prácticamente un corte de mangas, una peineta y un calvo a los españoles, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, concede una rueda de prensa en la que manifiesta que no sabe donde se encuentra el ex-Jefe del Estado, manifestaciones que recuerdan las que, en su día, realizara un antiguo Ministro del Interior socialista para referirse al paradero de un ex-Director General de la Guardia Civil; el actual Ministro del Interior, Grande Marlaska, asegura que Juan Carlos, allí donde se encuentre, goza de la protección del Estado con lo cual está diciendo que, o bien el gobierno miente cuando dice que desconoce el paradero del ex-Jefe del Estado o, bien, ese mismo gobierno ignora hasta el paradero de los agentes encargados de la seguridad de Juan Carlos; un medio periodístico dice haberlo encontrado en Abu Dabi para apuntarse un tanto en la obtención de una exclusiva y el Vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ondea alegremente la bandera tricolor con la intención de ganar votos y mantener cierta popularidad; pero, curiosamente, a ningún periodista ni al socio "republicano" de Pedro Sánchez se les ha ocurrido preguntar ¿Con qué documentación viaja Juan Carlos de Borbón?. Cuestión esta que no resulta baladí porque, como Jefe de Estado, Juan Carlos de Borbón es titular de un pasaporte diplomático que expide el Ministerio de Asuntos Exteriores y por tanto, de estar viajando con documentación diplomática estaría garantizada tanto la inmunidad personal como el secreto de la valija o valijas (entiéndase equipaje) que pueda portar, el cual ni siquiera puede ser abierto por ninguna autoridad.

En caso de que Juan Carlos de Borbón dispusiera de un pasaporte diplomático para emprender este periplo, que ya compite en fama con la Odisea de Ulises, el Gobierno que preside Pedro Sánchez y que vice preside Pablo Iglesias tiene la responsabilidad de conocer, en todo momento, donde se encuentra el ex-Jefe del Estado a Título de Rey pues corresponde al Gobierno, y más concretamente al Ministerio de Asuntos Exteriores español, el control absoluto de todos los pasaportes diplomáticos que expide y lo que con ellos se pueda llegar a hacer.

Entendemos y comprendemos que la vida es dura, que hay una prole que mantener, facturas que pagar y, sobre todo, una carga hipotecaria que levantar, pero se echa en falta que alguien pregunte sobre la documentación de viaje de que dispone Juan Carlos de Borbón porque, de estar utilizando un pasaporte diplomático. el gobierno en pleno y, sobre todo, aquellos miembros del mismo que ahora ondean la bandera tricolor, deberían dimitir o, mejor aún, irse en busca del ex-Jefe del Estado y unirse a su fiesta en el exterior.

(1) El artículo 56.3 de la Constitución de 1978 establece que "La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.". Evidentemente en el régimen jurídico español existen aforamientos y ciertos status de inmunidad parlamentaria o diplomática, pero no hay que confundir inmunidad con inviolabilidad. Una persona aforada puede ser sometida a juicio cumpliéndose ciertos requisitos legales e incluso una persona que goza de inmunidad podría ser detenida en caso de delito in fraganti, pero una a persona "inviolable", simplemente, JAMÁS, se le puede poner una mano encima, lo cual entronca con la antigua doctrina del "Derecho Divino de los Reyes" y con los antiguos delitos de "Lesa Majestad" entre los cuales figuraba "el poner la mano encima al Rey". La Constitución de 1978 distingue claramente entre "inviolabilidad" e "inmunidad", de hecho el artículo 71.1 de la misma establece que "Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones", es decir gozan del mismo privilegio que el Jefe del Estado, pero solo en cuanto a las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, lo cual pone de manifiesto que "la persona del Rey es inviolable" SIEMPRE Y EN TODA CIRCUNSTANCIA. Por su parte el número 2 del mismo artículo 71 de la Constitución establece que: "Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito" lo que supone una clara diferenciación entre lo que es la figura jurídica de la "Inviolabilidad" que significa impunidad y la figura jurídica de la "Inmunidad" que no alcanza tal extremo.

Por otra parte, es de indicar que el Artículo 56.3 de la Constitución se refiere a "la persona del Rey" sea emérito o no y considerando que Juan Carlos goza de la consideración oficial de "Rey Emérito" continúa disfrutando de tal "Inviolabilidad" la cual solo se extinguirá con su fallecimiento.

 

Autor:  Arturo E. Estébanez García

CUANDO LA MONARQUÍA FRANQUISTA Y LIBERAL ES EL SISTEMA

 La vergonzosa huída de Juan Carlos de Borbón del territorio español es una medida más, aunque de gran calado mediático, para garantizar un cordón sanitario de protección a la cúspide del sistema: la monarquía liberal y franquista. La práctica totalidad de la clase política -excepción hecha de los partidos nacionalistas- , el poder judicial, una gran parte de la alta burguesía empresarial y financiera, la “acorazada mediática” y algunos sectores, esperemos que no especialmente significativos, de la sociedad civil española han sacrificado la imagen y la trayectoria del anterior jefe del Estado para salvar no solo la institución monárquica, también, y sobre todo, para salvar y apuntalar un sistema que, si ya tenía graves carencias de legitimidad de origen, ha perdido toda la legitimidad de ejercicio.

La connivencia entre Felipe de Borbón, como jefe del Estado, y Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, pactando la marcha de Juan Carlos al margen de las Cortes Generales, y los ciudadanos figurando como extras en una película muda, es una evidencia muy significativa del cachondeo institucional y del nulo respeto al marco jurídico vigente, ya de por sí bastante deficitario. Desde la lógica de la praxis histórica de la dinastía liberal (y franquista) la actuación de don Felipe es impecable: se trata de salvar sus intereses de familia por encima de cualquier otra apelación al bien común de la sociedad española. Desde la llamada Isabel II hasta el actual jefe dinástico se dan las mismas conductas: corrupción, cainismo familiar, patrimonialización del Estado y apego al poder a cualquier precio. Pero la actuación del jefe del ejecutivo merece una atención especial: ¿por qué ese compromiso en apuntalar un sistema que ha perdido la credibilidad democrática? El miedo a un vacío de poder con la incertidumbre que se generaría –en medio, además, de una grave pandemia incontrolada- y la pérdida de privilegios puede, en parte, explicar la conducta de Felipe de Borbón, pero la actuación ocultista y maniobrera del jefe de Gobierno se debe de contextualizar históricamente: se le está pasando al PSOE la factura de apuntalar el franquismo y renunciar, tras la muerte del dictador, a una auténtica regeneración democrática. El partido de Felipe González y Juan Carlos de Borbón fueron los grandes beneficiarios de la descomposición del franquismo y sus herederos y albaceas políticos, fueron, y son, una parte muy importante e inseparable del sistema surgido de la Transición de 78. La monarquía franquista y el PSOE se protegen mutuamente. Se ha pactado la salida a la crisis institucional entre dos jugadores tramposos, con las cartas marcadas y con la aquiescencia de los dueños del casino. Y los militantes socialistas, junto con el aparato de su partido, han sufrido una aguda y repentina afonía.

La complicidad de la clase política, desde Vox hasta Podemos, aunque con matices específicos en cada partido, no deja de ser escandalosa y, aun si cabe, más reprobable que la de la propia familia reinante. Han ensalzado y adulado, cual becerro de oro, a don Juan Carlos, le adjudicaron una cuantitativa aportación en la conquista de las libertades democráticas, cuando solo había, por parte del heredero del general Franco, el compromiso tácito con un sistema político que le garantizase su inviolabilidad, léase su impunidad para el latrocinio. También el conjunto del sistema ha compartido con el anterior jefe del Estado la corrupción, el saqueo de las arcas públicas, el nepotismo y la ocultación de nuestra realidad política y social, mientras, apelaban a los valores democráticos y europeístas, al patriotismo, a la igualdad ante la justicia, a la solidaridad social, a la modernización de las estructuras…

Si hasta ahora el protagonista de la crisis institucional española era el desafío independentista, ahora es la actuación de la institución cimera del sistema quien está cuestionando su propia continuidad. Guste o no, la movilización de una gran parte del pueblo catalán por la secesión fue un movimiento popular democrático -aunque fuera impulsado por una parte de la burguesía catalana- . Frente aquel embate que, no olvidemos, sigue latente, no se tendieron puentes de diálogo y entendimiento, solo hubo, desde el Estado, la respuesta de la represión, maquillada con la legalidad constitucional: un grave problema político que se redujo a un delito de sedición. No está de más recordar que la salida de Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya, del territorio español, y su posterior estatus jurídico, se asemeja a la condición de exiliado político; la salida de don Juan Carlos se asemeja a la de un presunto prófugo de la justicia. No deja de ser incongruente que el “rey emérito” abandone el territorio nacional, pero se ponga a disposición de la justicia. La crisis institucional de la monarquía reinante está legitimando el independentismo catalán y dinamitando vías de encuentro.

Una gran mayoría de la ciudadanía española ha tolerado, o soportado con estoicismo y resignación, la monarquía constitucional vigente: era el precio que había que pagar por las libertades democráticas formales. Baste comparar el compromiso de las monarquías europeas, como la británica o la holandesa, frente al fascismo, con la turbidez y complacencia de la dinastía liberal española con el franquismo. Pero, por el lado republicano, tampoco existía, y sigue sin existir, un movimiento capaz de revertir el sistema. En cuanto a la forma de Estado nos enfrentamos a un vacío institucional que, por ahora, tiene difícil solución. La monarquía de 1969 está prácticamente amortizada, pero no hay una alternativa republicana de recambio.

El Carlismo, no está; pero, ¿se le espera?

El Carlismo ante está crisis institucional mantiene un silencio ¿cómplice? No podemos, no debemos permanecer callados. No somos un movimiento monárquico nostálgico de la legitimidad histórica a la conquista de un trono vacio y desprestigiado, o, en todo caso, no solo eso, somos un movimiento social y político que tiene como referencia a una dinastía comprometida con un pacto con el pueblo.

Con sus aciertos y sus errores y sus luces y sombras, como cualquier otra expresión de insurgencia, el Carlismo siempre ha estado presente, y comprometido, en los momentos graves y conflictivos de las Españas, proponiendo alternativas y soluciones y participando en la lucha. Nuestro silencio empieza a ser un certificado de extinción, estamos siendo arrasados por los nuevos vientos de la historia y de la modernidad, y por una dinámica social imparable ante la cual, parece, no tenemos nada que decir.

Contrasta nuestra inactividad presente con el fuerte dinamismo de otros momentos históricos difíciles. Recordemos nuestras propias experiencias del pasado que puedan parecerse a la actual. En 1931, tras la huída de Alfonso XIII, el Carlismo con Jaime III al frente, y tras enfrentarse con dureza a la dictadura de Primo de Rivera, acogió con esperanza la proclamación de la República, proponiendo un proceso constituyente, una federación de nacionalidades ibéricas, políticas sociales igualitarias y un respeto escrupuloso a la voluntad popular. Aquellas esperanzas se frustraron, pero estuvimos.

Y ahora tenemos que articular una respuesta para este momento actual cargado de incertidumbres. Y hemos de hacerlo colectivamente, unitariamente, desde el más radical de nuestros jóvenes militantes al más comprometido de nuestros veteranos luchadores. Y con la Dinastía, como abanderada de la Causa y como referencia y símbolo de nuestra lucha.

Las Españas, 7 de agosto de 2020

Iciar ANGLÉS (País Valencià), Assumpta CABRÉ (Catalunya), Xavier CARBONELL (Catalunya), Victor CERVERA (Catalunya), Javier CUBERO (Asturies), Arturo ESTÉBANEZ (Castilla), Manuel FERNANDEZ (País Valencià), Juan José GARAY (Euskal Herria), Luis GISMERO (Castilla), Manuel HERRERA (Castilla), José Lázaro IBÁÑEZ (Euskal Herria), Ximo LLORET (País Valencià), Marisa MARTIN (País Valencià), Francesc Xavier MIRALLES (País Valencià), Josep MIRALLES (País Valencià), Vicent MORELLÀ (País Valencià), Javier ONRUBIA (Castilla), Josep M. SABATER (País Valencià), Antonio TORRES (País Valencià), Frederic TORRES (País Valencià).

¿Revolución o políticas sociales?

Autor: Joan Ramon Resina

24/07/2020

Ahora mismo puede parecer una ‘boutade’ hablar del proceso como de una revolución, teniendo en cuenta que el régimen aguanta y ha conseguido detener un movimiento que hace pocos años parecía imparable. Del grado y modalidades de la desmovilización hablaba la semana pasada. Hoy quisiera reflexionar sobre la idea de revolución aplicada a lo que pasó en Cataluña de 2012 a 2017. Ahora no discutiremos si el término adecuado es ‘rebelión’, como pretendía el Estado en la euroorden emitida contra los exiliados y durante el juicio de los rehenes, o ‘revolución’, palabra con una historia política más corta y distinguida. Se podría decir que las revoluciones fallidas se convierten automáticamente en rebeliones, pero sería simplificar demasiado. O se podría argumentar que las rebeliones son insurrecciones armadas, en las que la violencia es intrínseca, mientras que ha habido revoluciones pacíficas; por ejemplo, la de Terciopelo en Checoslovaquia. Pero el hecho es que históricamente las revoluciones han solido ser violentas. Algunas mucho. Ahora, la diferencia fundamental, y es por eso que el Estado ha evitado escrupulosamente el término ‘revolución’; es que las rebeliones son políticamente inútiles y no dejan huella histórica. Hacen ruido y a veces derraman sangre, pero ni son creativas ni fundan ninguna institución. En cambio, las revoluciones alteran profundamente los estados, porque plantean de manera insoslayable la voluntad de instaurar un nuevo orden de cosas. No se emprenden sólo para restituir unos derechos usurpados o revocar unas prácticas injustas, sino para hacer ‘tabula rasa’, refundar la sociedad y empezar de nuevo.

Al inicio del proceso catalán la voluntad de fundar una sociedad radicalmente diferente estaba presente. Lo demuestra la transversalidad del movimiento y la prioridad de establecer una república. Invirtieron muchos esfuerzos y considerables recursos imaginándola. Incluso hubo algún borrador de constitución; baldío, porque una constitución debe nacer de la experiencia de ser una empresa colectiva, pero revelador de qué movía las masas a organizarse. Vale la pena de recordar esta prioridad, porque es la clave del éxito del Primero de Octubre y también de la impotencia posterior para mantener el objetivo. ‘Freedom for Catalonia’ había sido hasta entonces el emblema de todas las grandes manifestaciones, pero aquella firmeza de convicción empezó de desvanecerse cuando algunos partidos políticos y sus figurantes a los medios de comunicación lo sustituyeron por ‘las necesidades reales de la gente’, ‘lo que interesa a todos’; en breve, por las llamadas ‘políticas sociales’. Este cambio de dirección, apoyado en el lugar común de que las revoluciones las hacen las izquierdas, ha sido un verdadero ‘game changer’ y la principal causa del descarrilamiento del proceso. No sólo porque confunde el orden de los acontecimientos, subordinando el acto revolucionario fundacional a la redistribución del poder de clase; sino también porque elude la diferencia entre el deseo de liberarse de la explotación resumida en el eslogan ‘España nos roba’ y la libertad propiamente dicha.

Desde la invención de la democracia en la Grecia antigua, la libertad política se ha entendido siempre como la plena admisión a la vida política, como la participación en lo que Francesc Eiximenis llamaba ‘regimiento de la cosa pública’. No sólo pues como final de una opresión o tiranía sino como constitución de una nueva organización de la vida pública. La distinción, aunque no siempre evidente en la práctica, interesa conceptualmente, porque en principio se debería poder cambiar la relación fiscal y reforzar el poder legislativo de la cámara catalana dentro de la monarquía española, y no hay que decir que es éste el límite de la mesa de diálogo impulsada por ERC con tan poca capacidad negociadora que al final el objetivo se ha reducido a reunirla.

La libertad puede parecer más utópica que la reforma del Estado, pero tiene la particularidad de que no excluye ninguna posibilidad, porque implica la institución de una nueva ordenación política, que sólo puede producirse si mantiene el carácter plural de la calle. Cuenta, pues, con todos los elementos que después y no antes de la fundación se caracterizarán como de derechas o de izquierdas, del medio o de los extremos. Cuenta, en suma, con todos los agentes que habrán constituido la cosa pública y la mantendrán en la medida en que refleje su pluralidad de origen. En cambio, si a la utopía libertaria se antepone la utopía social, la igualdad se convierte en divisoria para el independentismo y en cemento de la centralización y omnipotencia del Estado. Llegado el caso, la ideología igualitaria puede ser el detonante de la violencia del Estado en nombre de la igualdad de los territorios o de una contrarrevolución provocada por la violencia ‘popular’. Que el Estado tendría suficiente con poco para justificar esta segunda respuesta se pudo ver diáfanamente durante el macrojuicio en el Tribunal Supremo español. Ya antes, el resurgimiento político de Cataluña en el siglo XX quedó sentenciado cuando el Estado consiguió revolver a los obreros contra los ‘burgueses’ catalanistas. Lerroux no fue ningún accidente. Hasta los sindicalistas más ilustrados, los Seguí y los Pestaña, rechazaron hacer la ‘revolución burguesa’ cuando quizás hubiera sido posible. Pero sus discípulos no tuvieron prevención alguna para hacer la ‘revolución social’, aterrorizando a medio Cataluña y abocando a un buen puñado de catalanistas a la causa de Franco.

Se ha dicho que Cataluña no puede hacer la revolución porque la sociedad es acomodada, que la gente tiene demasiado que perder. La idea de que las revoluciones las hacen los pobres es un prejuicio con una cierta base histórica en las revoluciones europeas, la mayoría de las cuales fallidas o degradadas en dictaduras y en estados eventualmente abortados. España ha experimentado con dos repúblicas de corta duración, Francia pasa por la quinta, la URSS, a pesar de su nombre oficial, aniquiló muy pronto los soviets, que eran la estructura participativa y democrática de la joven república proletaria. En cambio, en el otro lado del Atlántico, la revolución americana, hecha no por proletarios sino por propietarios, tuvo éxito porque no buscaba otra cosa que la libertad. Inspirándose en Montesquieu y en Locke, más que en Rousseau, los líderes americanos crearon instituciones que después de dos siglos y medio todavía existen. Es cierto que, como los estados griegos, la nueva república americana excluía a los esclavos y que este déficit humanitario y a la vez político ha perseguido a los Estados Unidos hasta la fecha. Pero el principio de igualdad natural, primer artículo de fe de la Declaración de Independencia que alumbraba la nueva república, sacraliza el derecho de participación en todos los demás derechos.

La independencia de las colonias americanas no fue cosa de desesperados. Las condiciones materiales eran mejores allí que en Europa. Aun así, el antiindependentismo se valió del argumento social. John Hector St. John de Crèvecoeur, en las ‘Cartas de un granjero americano’ se oponía a la independencia porque la consideraba un complot de gente rica contra la gente común. Venía a decir, aunque la terminología aún no existía, que ‘la izquierda’ prefería la condición colonial que una república de ‘burgueses’. Por cierto, Crèvecoeur había nacido en Caen, hijo de unos condes franceses. Y como él, más de un hijo de la burguesía catalana se ha hecho antiindependentista por solidaridad con los ‘explotados’.

Suele mencionarse la riqueza de Cataluña para negarle el derecho de autodeterminación. Esta riqueza, que no es ni cierta ni falsa sino relativa como todo, es un lugar común de los corresponsales extranjeros, que la mencionan como si obedecieran una consigna cada vez que Cataluña es noticia. La razón es obvia: vienen a decir que, no siendo pobre, Cataluña no tiene el derecho de autodeterminación. Pero si la revolución fuera cosa de pobres, las colonias americanas no lo habrían hecho nunca. Su evidente bienestar parecía descartarla. Benjamin Franklin, uno de los firmantes de la Declaración de Independencia, escribió años más tarde que no había oído nunca a nadie expresar deseo alguno de separarse de Gran Bretaña ni que tal cosa pudiera reportar alguna ventaja a los americanos. Sin embargo, las circunstancias o, más exactamente, el insobornable gusto por la libertad y no la cuestión relativamente menor de los impuestos, les llevaron a ella. Aquellos hombres que habían comenzado reclamando unos derechos que creían inherentes a su condición de ingleses, un buen día se encontraron declarando la independencia de las trece colonias. Los catalanes, habiendo comenzado reclamando unas competencias que creían avaladas por la constitución española y una fiscalidad más justa, se encontraron declarando la independencia sólo once años después de aprobar un estatuto muy limitado. La diferencia entre unos y otros es que los americanos defendieron su declaración y los catalanes no.

Preguntarse si los líderes de la revolución americana eran de ‘derechas’ o ‘de izquierdas’ no sólo no tiene importancia alguna sino que no tiene ningún sentido, pues estas palabras no se incorporaron a las luchas ideológicas hasta unos años más tarde y no se convirtieron en una plantilla del análisis político continental hasta casi el siglo XX. Como automatismos para ahorrarse pensar políticamente, han hecho su trabajo, sustituyendo algunos otros más descriptivos y ajustados a la experiencia. En Estados Unidos, que se adelantaron a Europa en la experiencia revolucionaria -y hablo de revolución en el sentido moderno de la palabra, pues la ‘Gloriosa’ de 1688 fue un cambio de dinastía-, aquellos conceptos no han tenido nunca vigencia política. Los nombres de los partidos reflejan el dilema de los padres fundadores: priorizar la república con todos los pormenores constitucionales y legales necesarios para estabilizarla y asegurar su posteridad, o poner en manos de las masas, del ‘demos’, y por tanto de la volubilidad de la opinión el futuro de la conquista revolucionaria. La contradicción no se ha resuelto y quizás es irresoluble, como demuestra el choque actual del populismo liderado por Trump con las garantías institucionales, basadas en la división de poderes. En Montesquieu, pues, y no en Robespierre.

La llama terminológica derechas-izquierdas no significa nada sin referirse los contenidos a la situación histórica y social concreta. En las condiciones actuales de Cataluña, ¿es apropiado o simplemente útil llamar ‘izquierda’ a agrupaciones que apoyan al centralismo y sostienen la estructura violenta del Estado español? ¿Tiene algún valor cognitivo designar con el término ‘derecha’ a quienes arriesgan profesión, patrimonio y libertad para fundar una entidad política sin las rémoras de una historia colonial? El primer paso para liberarse de la servidumbre al Estado que establece los límites del pensamiento es liberarse de la dictadura de las palabras.

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