AUTOR: Arturo Estébanez
El pasado viernes, 18 de septiembre de
2020, ante el incremento de contagios por Covid-19 en la Comunidad
Autónoma de Madrid, su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, anunció
medidas restrictivas de derechos para la población de treinta y
siete áreas sanitarias básicas de la comunidad autónoma, veintidós
de las cuales se encuentran dentro de la propia ciudad de Madrid y
quince repartidas entre distintos municipios del sur de la Comunidad.
La más polémica de las medidas es la que confina a los habitantes
de dichas áreas dentro de las mismas, de las que no podrán salir
salvo por determinados motivos.
En primer lugar, debemos incidir en la dudosa legalidad de la medida de confinamiento de los ciudadanos dentro de determinadas áreas geográficas, ya que esto es una medida que afecta al derecho fundamental de la libre circulación por el territorio nacional consagrado en el artículo 19 de la todavía -¿vigente?- Constitución Española que dice "Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional" y que, según el artículo 55 de esa misma Constitución, solo podrá ser suspendido "cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución", es decir, conforme al texto constitucional el derecho de libre circulación no podría ser suspendido, ni siquiera, por la declaración del estado de alarma que los españoles hemos sufrido durante los meses de marzo a junio pasado. Aunque la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio que regula los estados de alarma, excepción y sitio en su artículo 11, por no se sabe qué extraña razón, establece que en el estado de alarma se podrá "limitar la circulación de personas y vehículos en horas y lugares determinados" lo que constituye una manifiesta contradicción con lo establecido en el artículo 55 de la Constitución que deja nítidamente patente que tal limitación solo podrá producirse durante los estados de excepción y sitio.
Contradicciones jurídicas a parte, pudiéndose limitar el derecho a la libre circulación solo bajo la declaración del estado de excepción y sitio o pudiéndose acordar también durante el estado de alarma, lo fundamental es que para establecer tal limitación resulta imprescindible la declaración del estado de alarma, excepción o sitio, facultad ésta que corresponde en exclusiva al gobierno de la nación previa autorización del Congreso de los Diputados y no a una señora, o señorita, que preside una Comunidad Autónoma, quien podrá gestionar el estado de alarma declarado por el gobierno, pero no imponerlo y mucho menos limitar el derecho de libre circulación sin la facultad jurídica para hacerlo, que sería, como mínimo, la declaración de dicho estado de alarma. La declaración del estado de alarma, excepción y sitio, significa una limitación de derechos y, sin duda, de grandes inconvenientes para la ciudadanía pero también suponen ciertas garantías, pues los dichos estados han de estar sometidos al control del Congreso de los Diputados y no quedar al capricho del político de turno.
Así pues, en la situación de degeneración institucional que sufren los españoles, lo menos que se puede exigir a unos dirigentes que tanto cacarean sobre los beneficios y bonanzas del "Estado de Derecho" es que sean coherentes con su propia legalidad, que en este caso, como en otros muchos, no lo son.
Después de las anteriores puntualizaciones legales, resulta interesante analizar, política y socialmente, la decisión tomada por la señorita Isabel Díaz Ayuso.
Tras el levantamiento del estado de alarma y el inicio de la llamada "desescalada", la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, no dejo de pedir insistentemente pasar a la fase dos pasando como de puntillas por la fase cero y uno porque según ella, "Madrid estaba preparada y cumplía los requisitos", lo cual es síntoma de que quien no estaba preparado era el gobierno autonómico madrileño pues había que ser muy necio para no saber que al poco de generalizarse la movilidad de los ciudadanos comenzarían los "rebrotes" y que éstos terminarían convirtiéndose en una "segunda oleada", que nos haría retornar a la casilla de salida de Marzo pasado, casilla a la que estamos muy próximos de volver, si es que no hemos vuelto ya, a pesar de todo lo que manifiesta el gobierno que preside Pedro Sánchez.
Al reabrirse las fronteras exteriores en julio pasado, Díaz Ayuso, exigió al gobierno de la nación que tomara medidas de control sobre los pasajeros que entraran en Madrid por el aeropuerto de Barajas y ante la negativa o inacción de éste, la presidenta madrileña no hizo nada. Ciertamente el gobierno autonómico madrileño no podía cerrar el aeropuerto de Barajas al tráfico aéreo, como tampoco puede ahora limitar el derecho de circulación de los ciudadanos sin que se haya declarado, al menos, el estado de alarma; pero podía haber decretado varias actuaciones como, por ejemplo, suspender el servicio del transporte público, incluido el servicio de taxis, que conecta el aeropuerto con el centro de la ciudad de tal forma que los pasajeros que aterrizaran en él quedasen práctica y materialmente confinados en la zona aeroportuaria.
Igualmente, desde mediados o finales de julio, cuando todos los indicativos procedentes del resto del país mostraban que el índice de contagios se incrementaba alarmantemente, el gobierno que preside Díaz Ayuso podía haberse ido preparando. Preparándose, reteniendo al personal sanitario precariamente contratado durante la primera oleada de la epidemia y que fue despedido al poco de finalizar el confinamiento. Preparándose, dotando a los colegios de la Comunidad de Madrid de mayores medidas de seguridad para cuando se iniciase el curso escolar- Preparándose, incrementando el número de test serológicos y PCRs que se realizaban entre los ciudadanos madrileños o favoreciendo la realización privada de los mismos mediante su financiación. Preparándose, mediante el reforzamiento de la asistencia sanitaria primaria y adecuando espacios para ser utilizados como eventuales lugares de hospitalización alternativos dotados con los medios necesarios, etc..., Pero, lamentablemente, el gobierno autonómico madrileño, que preside Díaz Ayuso, todo lo confió a la suerte o a la benevolencia de un virus que no la tiene, y ahora la culpa resulta ser… ¡del ciudadano que vive en determinadas zonas!
El gobierno autonómico madrileño es responsable de esta pésima situación que hoy vive una parte de los madrileños, pero no es el único responsable porque el gobierno de la nación también tiene su parte de responsabilidad, al haber abierto durante los meses estivales las fronteras exteriores idealizando los denominados "pasillos turísticos seguros", y al haber permitido la generalizada movilidad interprovincial o interautonómica sin control, y todo ello para evitar el hundimiento de los sectores turístico y hostelero que, al final, tampoco se ha evitado.
Los madrileños, o una parte de ellos, se encuentran hoy con su derecho fundamental a la libre circulación, suspendido; y, lo que es peor, todos los ciudadanos con su vida en peligro, situación ésta que amenaza con extenderse al conjunto de los españoles, atendiendo a los datos de expansión de la epidemia. Todo ello, porque unos políticos incompetentes, autonómicos y nacionales, decidieron irse de vacaciones en vez de tomar las medidas que había que tomar ante lo que todos, menos parece ser que ellos, veíamos venir y que era que los rebrotes se convertirían en una segunda oleada para la que no íbamos a estar mejor preparados que para la primera embestida del Covid-19.
Una
vez más se demuestra que el pueblo español no interesa a su casta
política nada más que una vez cada cuatro años para pedirle el
voto. Una vez más se demuestra que los políticos, que han creado un
estado a su imagen y semejanza exclusivamente para exprimir al pueblo
español y reprimirlo si es necesario, vive y gobierna al margen de
la realidad social de la ciudadanía. Y, finalmente, una vez más se
demuestra que los ciudadanos no somos más que rehenes de una casta
política diletante que no hace otra cosa que escaquearse de toda
responsabilidad pasándosela de los unos a los otros y, en último
extremo, hacerla recaer en el pueblo mismo.
Cuando las banderas ocultan los problemas
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