LA VANGUARDIA 12/09/2020 EL ENFOQUE
AUTOR: ENRIC JULIANA
Cuando la acumulación de escándalos afecta a la Policía hay que preocuparse, todavía más.
La suma de desmoronamientos en la vida política e institucional española pone los pelos de punta. Un ex jefe del Estado -el Rey que durante cuatro décadas simbolizó la restauración de la democracia parlamentaria en España- investigado por el cobro de presuntas comisiones no declaradas al fisco, residiendo en los Emiratos Árabes, después de dos semanas en paradero desconocido en agosto. El principal partido de la oposición bajo investigación judicial por la presunta utilización de la Policía y de los fondos reservados del Estado para intentar desviar, bloquear y esquivar la investigación judicial de un grave caso de corrupción que le afectaba de lleno. La crisis política de Catalunya todavía abierta en canal con acontecimientos inminentes que pueden conducir a la convocatoria anticipada de elecciones en esa comunidad. Bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial con su consiguiente repercusión en la composición del Tribunal Supremo y otras instancias judiciales. La composición del Tribunal Constitucional, también paralizada. Un Parlamento partido por la mitad en el que una parte de la oposición acusa de “ilegítimo” al Gobierno. Un Gobierno plenamente legítimo con una mayoría parlamentaria difícil de coagular como ha quedado de manifiesto esta semana. Una negociación presupuestaria muy difícil, aunque no imposible. Enmarcan y subrayan este cuadro, las funestas consecuencias de la epidemia. España es el país europeo más golpeado por la extensión del coronavirus Covid-19 y es también el país de la UE que afronta, en estos momentos, unas consecuencias económicas más delicadas. No hay duda que la Historia ha decidido poner España a prueba.
El país se sostiene en pie gracias a su pertenencia a la Unión Europea, a la solidez de su aparato estatal (pese a todo lo antes expuesto), a la voluntad democrática de la mayoría de sus gentes, una voluntad especialmente intensa entre las nuevas generaciones, y al ejemplar esfuerzo de todos aquellos trabajadores y trabajadoras que han garantizado el funcionamiento de los servicios esenciales y los resortes básicos de la economía en los momentos más duros de estos últimos meses.
Mientras unos trabajaban abnegadamente, otros zarandeaban la nave. La acumulación de escándalos y desgracias puede crear un embotamiento en la opinión pública y alimentar el nihilismo en un momento crítico para la vida en común. Hay muchos signos de cansancio en una sociedad hasta ayer más optimista que descreída.
El problema del Partido Popular es enorme, seguramente más grande de lo que hoy creen sus actuales dirigentes. En el momento en que Vox presente su anunciada moción de censura al Gobierno Sánchez, seguramente se percibirá con mayor claridad el problema estructural al que se enfrenta el primer partido de la oposición: el PP ha perdido a la franja más dura de su electorado tradicional y la acumulación de escándalos le impide captar nuevas adhesiones desde otros sectores sociales más templados. El PP quizá se vea obligado a seguir la senda del nacionalismo catalán de centro-derecha: cambiar de sede para alejarse físicamente de su pasado y quizá cambiar de nombre antes de las próximas elecciones, mediante la refundación del partido o la creación de una coalición que le permita pedir el voto bajo otra denominación. (La experiencia de CDC indica que los cambios de nombre pueden convertir a una formación política en fugitiva de sí misma. El sector Puigdemont, el sector de los antiguos cuadros de CDC más interesados en establecer distancias con la figura de Jordi Pujol y su familia, ya ha cambiado de nombres tres veces).
El problema, sin embargo, no atañe exclusivamente al PP. Estamos ante una crisis sistémica. Una especie de Watergate permanente. Una sucesión de escándalos que no cesa. Cuando la acumulación de escándalos acaba afectando a mandos de la Policía hay que preocuparse. Desde hace meses, un excomisario de Policía dedicado durante años a operaciones encubiertas, se halla en el centro de casi todos los asuntos oscuros. El hosco caso Villarejo, personaje que en estos momentos aparece en casi todas las sopas escandalosas del menú informativo español, es un fenómeno casi sin precedentes en la Europa democrática. Para hallar un antecedente quizás nos tendríamos remitir al sórdido escándalo de la logia masónica P-2 en la Italia de los setenta: una sociedad secreta que agrupaba a personajes clave del aparato estatal, las finanzas, la política e incluso el periodismo, con el propósito de influir en el destino del país al margen del Gobierno e incluso contra el Gobierno. El caso Villarejo es muy grave y ahora se pone de relieve que determinados mandos de la Policía pudieron ser utilizados para taponar una importante investigación judicial.
La seguridad jurídica de un país, factor fundamental para su prosperidad económica, no sólo se refiere al cumplimiento de los contratos mercantiles, a la limpieza de los contratos del Estado, a la eficacia y la neutralidad de los tribunales que deben afrontar los litigios mercantiles, a la solidez y solvencia de las leyes, al buen cumplimiento de los reglamentos, y a la seguridad pública en su sentido más amplio, incluyendo, claro está, la seguridad en las calles. La integridad, solidez y prestigio de la Policía de un país es imprescindible para generar confianza en terceros.
Estamos en zona peligrosa.
